Para los conocedores del sistema penal acusatorio es evidente que se ha intentado hacer justicia de una manera equivocada.
Una de las preguntas frecuentes que muchas personas se hacen y que pareciera imposible de saber, es cuántas personas hoy están en la cárceles colombianas siendo inocentes, simplemente porque alguien los señaló como delincuentes. El reciente caso de Sigifredo López abrió el debate en el país, al punto que a la lista de los llamados carruseles de la salud o el de la contratación, se le sumó el de los testigos falsos.
Destacadas personalidades de la vida pública nacional coinciden en decir que existen graves fallas que hay que corregir, y que una manera es castigando de manera severa a quienes mienten a cambio de conseguir beneficios jurídico y económicos.
Quizás uno de los que se ha mostrado más positivo respecto a lo que sucedió con el exdiputado del Valle del Cauca, es el exfiscal General, Alfonso Valdivieso, para él es importante que se devele este tipo de hechos que solo demuestran lo complejo de la investigación penal.
“Lo que hay que mirar también es cómo se avanza o cómo se evoluciona a un punto en el cual los Fiscales cambien la sentencia que existe hoy en día. Cómo debe ser en el sistema acusatorio, y las capturas preventivas sean cada día menos”, indicó.
Respecto a los testigos que faltan a la verdad el exfiscal señaló que deben ser “procesados penalmente por el delito de falso testimonio. Que exista una severidad absoluta en el procesamiento y en la condena de los falsos testigos”.
Para Valdivieso también se hace necesario examinar la manera en que actúan los fiscales y su objetividad.
“Es importante diferenciar entre un fiscal que actúa de mala fe para dictar una orden de captura o de una que actuó de manera transparente y tomó la decisión porque tenía el convencimiento de que él muy seguramente era el autor”, aseguró.
LA PRUEBA TESTIMONIAL
Para el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, la prueba testimonial es muy importante dentro de un proceso penal y no se debe descarta, pero sí estudiarla de manera minuciosa para que no haya lugar a engaños.
“Si el Fiscal General de la Nación le comunicó al país que han detectado la existencia de personas que se encargan de declarar sin que le consten los hechos, eso es supremamente grave, porque engañaban la justicia y además afectaban la libertad de los ciudadanos. Debe hacerse las investigaciones correspondientes y que se impongan con el cumplimiento del debido proceso para los responsables las sanciones previstas en el código penal”, aseguró.
Pero el proceso de López nos es el único en el que la Fiscalía ha tenido reveces que generan controversia. El caso de Carlos Cárdenas, por la muerte de Luis Andrés Colmenares, es otro de esos ejemplos en el que testigos falsos podría estar metiendo sus manos, pues al menos así lo vio la juez tercera de Garantías de Bogotá al dejar el joven libre por considerar que la versión que lo tenía con medida de aseguramiento carecía de veracidad.
“LOS TESTIMONIOS COMO MERCANCÍA”
Por su parte el abogado de víctimas del Palacio de Justicia, Jorge Molano, indicó que esa fábrica de testigos tiene una relación directa con el programa de reinserción, en donde la Fuerza Pública en el propósito de dar llamados “positivos” ha utilizado a personas para generar “arbitrarias detenciones y justificar judicializaciones”.
“Lo que considero en este caso es que se evidencia el apresuramiento de la Fiscalía y más del Fiscal Montealegre, que había anunciado al país que tenía 70 ordenes de captura por la ‘Farcpolítica’ y no se hizo una labor seria previa de corroboración, entonces hoy lo que se plantea es que el testimonio se ha convertido en una mercancía”, aseguró.
El jurista fue más allá y citó uno de los casos conocidos desde su despacho, en el que según él fueron usados testigos falsos.
“En el caso de la masacre de San José de Apartadó llegaron tres testigos que decían ser reinsertados de las Farc. Fueron llevados por la Brigada 17 para que dijeran que las Farc eran las autoras de la masacre. En el proceso logramos demostrar que eran testigos que el Ejército, con plata de los paramilitares, les había pagado para que dijeran eso”, indicó.
Para el experto en derecho penal, Francisco Bernate, el actual sistema penal colombiano se basa cada vez más en los testimonios, como sucede en el caso de la ley de Justicia y Paz.
“Esto es un fenómeno reciente, en lo que va de este milenio el sistema penal gravita cada vez más sobre el testimonio, sobre la importancia del testimonio. Lo que se hizo especialmente notorio en la ley de Justicia y Paz, donde versión tras versión salían incriminando. Nuestra justicia penal desde el 1993 empezó esta feria de rebajas. Hay que denunciar que el carrusel de testigos no solo persigue rebajas, sino beneficios económicos”, indicó.
Para el jurista es “increíble que en el sistema penal acusatorio la única prueba es el testimonio, los documentos ya nos prueban, los indicios ya no existen y a esto se le debe sumar la política de protección de testigos”.
El exprocurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, coincide con los expertos consultados en decir que la historia de lo sucedido con López es una alarma a la que hay que prestarle atención a tiempo.
“Eso lleva a una reflexión seria y es las finalidades de la detención. Es la forma cómo hemos venido sosteniendo hace más de cinco años, qué es esto de conceder beneficios, de conceder recompensas se ha convertido en un negocio para muchos testigos (…) hay gente sin ningún escrúpulo que está logrando beneficios a través de acusar a diferentes personas inocentes”, señaló.
ERRORES QUE CUESTAN
Según el informe de defensa judicial de la Fiscalía, en total, hasta marzo de 2012, se han interpuesto 12.053 demandas por un valor de $26,8 billones, de los cuales $9,7 billones hacen parte de las acciones interpuestas por privación de la libertad.
Pese a lo elevado de la cifra esta se podría aumentar, no solo si López decide interponer una acción judicial por mantenerlo detenido sin existir pruebas contundentes en su contra, sino de otros colombianos en la misma situación.
Juan Carlos Cárdenas, director del proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, señala que es lamentable el hecho que personas inocentes mantengan en la cárcel por el afán de las autoridades muchas veces.
“Para nosotros resulta lamentable el hecho que hay miles de personas inocentes en la situación del doctor Sigifredo, pero el ha constado con la fortuna como es la notoriedad de su caso (…) El error viene desde la base del proceso mismo, lo que la Policía Judicial a veces con informes absolutamente ligeros que dan credibilidad a un testimonió de oídas”, indicó.
Mientras otro de los casos históricos es el del contralmirante Gabriel Arango Bacci quien fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia por considerar que las acusaciones de la Fiscalía “carecían de un soporte suficiente para advertir responsabilidad penal del acusado”. El oficial quedó libre de los cargos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión por presuntos vínculos con el narcotráfico.
LA AUTONOMÍA DEL FISCAL
Para el exfiscal General (e), Guillermo Mendoza Diago, los fiscales encargados de la investigación son autónomos en sus procedimientos, pero sí hay que verificar su actuar para identificar si hay alguna irregularidad.
“Uno tiene que dejar que los fiscales del caso actúen con la autonomía que les da la Constitución y que evalúen las cosas. El Fiscal General tiene una responsabilidad Política y de control, pero no es el responsables del proceso porque no lo lleva él”, indicó el exjefe del ente acusador.
Mendoza Diago es enfático en decir que existe el llamado carrusel de testigos por eso hay que actuar de manera muy clara respecto a este tipo de hechos.
“Sabemos que hay un carrusel de testigos y que sí efectivamente algunos están declarando en contra solamente para obtener beneficios procesales en sus casos o a veces cosas abyectas como beneficios económicos o venganzas personales, eso sí se sabe que existe”, indicó.
LAS DILACIONES PROCESALES
El exfiscal Valdivieso y el abogado Molano coinciden en que otra de las dificultades del sistema penal actual es que muchas veces en los procesos se presentan dilaciones injustificada de las partes, lo que debe ser investigado por jueces y fiscales.
“Esa es una practica que también la justicia tiene que enfrentar y tomar decisiones, inclusive para ponerle sanciones a los abogados que dilatan de manera sistemática. Todo lo que significa reservar una sal de audiencias o hacer una cita de un investigador y sencillamente si la diligencia se aplaza, se pierde ese tiempo y se desgasta la justicia”, indicó Valdivieso.
“El juez tiene las medidas suficientes y las facultades disciplinarias para sancionar los actos dilatorios que se incurran por cualquiera de las partes y la potestad del Consejo Superior de la Judicatura para investigar a los abogados que cometan en esas prácticas”, aseguró Molano.
LA CIFRA
7.572 demandas en contra de la Fiscalía han sido interpuestas por casos similares al de Sigifredo López.
