miércoles 07 de octubre de 2015 - 2:00 PM

Caso de la desaparición forzada ‘19 comerciantes’ sigue impune 28 años después

De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, transcurridos 11 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la desaparición de los 19 comerciantes, ocurrida en octubre de 1987, el Estado aún no ha cumplido con las medidas de investigación y juicio a los responsables, búsqueda de los restos de las víctimas y atención en salud integral

Fue en la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca 'El Diamante', por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar.

Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena.

Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 5 de julio de 2004 ordenó su búsqueda, y hasta ahora el 'Plan de búsqueda' presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado.

Según la Comisión, “en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos”.

Por los hechos se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados.

Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana y que el Estado ha incumplido, según la Comisión, está relacionada con brindar tratamiento médico y psicológico gratuito, para todos los familiares de las víctimas.

“Después de ocho años el Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Es repudiable que este año la placa conmemorativa ordenada por la Corte hubiese sido robada del monumento a unos cuantos metros de una estación de policía en el Parque de los Niños, de la ciudad de Bucaramanga. Los familiares siguen a la espera de que la placa sea reinstalada por el Estado”, agregó la Comisión.

Ante un nuevo aniversario de los hechos, la CCJ hizo un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, así como de los 'Planes de búsqueda de personas desaparecidas'.

Las víctimas

Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor Quintero, Ángel María Barrera, Antonio Flórez, Víctor Manuel Ayala, Alirio Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corzo Vargas, Luis Hernando Jáuregui, Luis Domingo Sauza, Rubén Emilio Pineda, Carlos Arturo Riátiga, Juan Bautista, Alberto Gómez, Huber Pérez, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández.

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