martes 25 de septiembre de 2018 - 12:01 AM

Colombia destapó su política antidrogas

Hoy, el presidente Duque tendrá una reunión privada con Donald Trump y también sostendrá encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

De acuerdo con la ONU, más de 450 mil personas mueren al año por sobredosis y otros problemas de salud relacionados con las drogas.

Y precisamente el presidente de Colombia, Iván Duque, antes de participar en la Asamblea de la ONU, anunció su política antidrogas, que incluye el decreto para confiscar dosis personal en espacios públicos, en cumplimiento a los anuncios hechos durante su campaña.

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Expertos consultados por Vanguardia Liberal, indican que son varias las lecturas, los aciertos y errores que se pueden hacer de este anuncio del presidente Duque y más, teniendo en cuenta que fue hecho en Nueva York.

“Obviamente es muy disiente que lo haya hecho en Estados Unidos, es el país que ha sido más crítico y más drástico con Colombia en política antidrogas y con una coyuntura muy crítica porque Trump se ha mostrado muy exigente y decepcionado en materia de desempeño de erradicación de cultivos; lo más importante es que con esto el presidente confirma un cambio de derrotero de su antecesor, Santos, porque no solo anunció la política antidrogas, sino el decreto por medio del cual la policía podrá interceptar o confiscar la posesión de drogas, incluso la dosis mínima”, considera Mauricio Jaramillo, docente de Relaciones Exteriores de la Universidad del Rosario.

Para Luis Fernando Ramírez Hernández, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad La Salle, “uno de los aciertos es que hay que innovar la política antidrogas y sin duda lo que está sucediendo en Colombia en los últimos meses demuestra que no son tan efectivos los procedimientos que se están haciendo para controlar los cultivos y eso amerita hacer uso de otras herramientas que permitan cumplir con los compromisos que a nivel internacional el país se ha fijado en materia de reducción de la producción y control de tráfico de estupefacientes de contexto global”.

Además, el profesor Ramírez Hernández considera que “por un lado el control de la erradicación manual y por otro lado la sustitución de cultivos, que son las dos políticas que se han venido implementando, son muy lentas en su efectividad y muy riesgosa para quienes participan en la erradicación manual y no están logrando llegar a las metas de erradicación que el gobierno se ha fijado”.

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Desaciertos

Para María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del Instituto de Estudios Políticos de la Unab, IEP, uno de los principales desaciertos de la política antidrogas del presidente Duque “es la contrariedad que esto representa con lo pactado con el Acuerdo de Paz, creo que ante todo como país debemos salvaguardar y proteger el Acuerdo que nos costó demasiado, tanto a nivel nacional como internacional, y lo que tiene que ver con fumigaciones, glifosato y erradicación forzada está en contravía con lo que se acordó para el desarrollo del campo y la sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, una vez más van a ser los campesinos y las clases más vulnerable del país, con todas las desigualdades que hay con el sector rural, las víctimas”.

En el mismo sentido, Jaramillo, considera que “uno de los temas que pueden ser críticos, sin duda, será el medioambiental y de salud porque están proponiendo volver a la aspersión con glifosato vía aérea, y eso tendrá la oposición de movimientos ambientales y también, por supuesto, si está comprobando que impacta la salud de los habitantes que son temas negativos dentro de este nuevo anuncio de revivir estos procedimientos, pero que en el pasado han demostrado que son más efectivos para la política de erradicación”.

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¿Y la Constitución?

Ya bastante se ha discutido con respecto al decomiso de dosis en espacios públicos, pero una vez más el presidente Duque ratificó que en una semana estará listo el Decreto que permitirá incautar dosis en espacios públicos.

De acuerdo con la Directora de IEP de la Unab, “es otro desacierto, porque lo que este asunto representa en torno a lo reconocido constitucionalmente. La Constitución reconoce el derecho a la libre personalidad y cuando le impone a un ciudadano que no puede consumir y penaliza el consumo, así sea de la dosis mínima, se presentan muchas contrariedades. La pregunta es si ¿en últimas lo que debe primar o protegerse es el bien del Estado? o si tenemos que garantizarle en un Estado democrático al ciudadano que pueda tomar sus propias decisiones y determinar las condiciones y características de su vida; esta política está en contrariedad con unos derechos que son reconocidos constitucionalmente”.

Por su parte, el Vicerrector de Investigación de La Salle considera que “nosotros no somos grandes consumidores, sería marihuana lo que intentarían controlar por ser la más detectable, no como otro tipo de consumo como heroína y cocaína. El negocio menos rentable es la marihuana y además está teniendo más aceptación a nivel mundial para otros usos como el medicinal y en Colombia también está autorizado. Por tanto, desde el punto de vista del gobierno y la política de control del consumo, no me parece que sea lo más fuerte”.

 

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