La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General para que abra una investigación formal contra la exministra de educación Yaneth Giha por los mismos hechos que fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar, es decir, los sobornos a un juez de la República con el fin de beneficiar a Juan José Acosta Ossio y su grupo familiar, para recuperar el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La compulsa de copias fue realizada por el magistrado Marco Antonio Rueda, quien adelanta otra indagación contra Pulgar, en un proceso por el que también fue escuchada este martes la actual ministra María Victoria Ángulo.
La indagación tiene como objetivo averiguar sobre las visitas que el exsenador presuntamente hizo al ministerio entre 2018 y 2019 para tratar la disputa por el mando de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Cabe mencionar que Eduardo Pulgar fue condenado a 4 años, 10 meses y 25 días de prisión por estos hechos y fue hallado culpable de delitos relacionados con el tráfico de influencias de servidores públicos y cohecho.
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Según se pudo establecer, Pulgar invitó al juez a su apartamento, para ofrecerle un dinero a cambio favorecer a Acosta Osío, quien se encontraba en un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta.
En el caso del Ministerio y Pulgar, el periodista Daniel Coronell denunció que supuestamente desde el Ministerio se habrían presentado varias acciones judiciales en contra del fallo de tutela que ordenaba el nombramiento de un nuevo rector y le quitaba el control de la Universidad a Acosta.
El Ministerio respondió en un comunicado que dichas reuniones hicieron parte de "un espacio" que es solicitado por los congresistas para abordar temas de educación de sus regiones.
En el proceso, la entonces ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, Luz Karime Abadía Alvarado, quien suscribió la resolución de marras, Emma Consuelo Coronel Fuentes y Magda Josefa Méndez, ambas vinculadas a la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, negaron alguna injerencia por parte del procesado en el trámite del citado acto administrativo.
