domingo 18 de diciembre de 2016 - 1:51 PM

Condenan a la Nación por “la ejecución vil e injustificada de tres civiles"

El Tribunal Administrativo del Quindío condenó a la Nación por la muerte de tres jóvenes, que habitaban en Santa rosa de Osos y en La Virginia en Risaralda, que aparecieron como supuestos integrantes de las Farc muertos en combate el 18 de enero de 2008 en Calarcá, Quindío.
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Se trata de Juan Carlos López Gaviria, Carlos Arturo Velásquez Ortíz y Fernel Andrés Londoño Tabares, quienes se dedicaban labores varias y de quienes sus familias no volvieron a saber hasta el reporte de la falsa operación militar.

El Tribunal valoró las pruebas que pesan en los procesos penales que se adelantan en estos casos que señalaban, entre otras, que el caso tenía las características de otras ejecuciones extrajudiciales de La Virginia, que las víctimas no tenían vestimenta alusiva a las Farc; así como los informes periciales como uno del CTI de la Fiscalía del 2 de abril de 2008 que afirmó:

“Informe dado las evidencias de movimiento en los cuerpos causados por fuerzas externas, la atipicidad en los patrones de manchas de sangre y la falta de concordancia entre las piezas de evidencia y entre estas y las lesiones sufridas por las víctimas, se considera que se trata de una escenificación, conducta que no se espera ocurra en una situación habitual de combate”, dice el reporte.

El Tribunal indicó que es claro que la muerte de estos tres jóvenes “no fue para nada un combate en ejercicio legítimo de la Fuerza Pública, sino un montaje del mismo, en donde se plantaron los cuerpos de tres personas asesinadas previamente y evidentemente manipulados”.

La Corporación indicó, además, que se trató de “la ejecución vil e injustificada de tres civiles”, quienes recibieron múltiples heridas de fusil, en un operativo realizado por militares adscritos al Batallón de Alta Montaña No. 5 ‘General Urabo Castellanos Castillo’ del Ejército Nacional.

Des de las víctimas, Juan Carlos Gaviria era guardia de seguridad y Carlos Arturo Velásquez se dedicaba a las labores de campo. Aunque el primero tenía antecedentes, el Tribunal dejó en claro que esa sola situación no puede permitir a las autoridades inferir que seguía dedicado a actividades ilegales y recordó que “no existe razón para ultimar a un posible delincuente y manipular de forma grosera una escena”.

El Tribunal ordenó una indemnización a los familiares de las víctimas que fueron representados por la firma Javier Villegas Abogados, así como que la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y el Ejército,  les de atención profesional en psiquiatría y piscología y el tratamiento a que haya lugar.

Igualmente, el comandante del Batallón de Alta Montaña Alta Montaña No. 5 Ejército Nacional debe hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la que ofrezca perdón a las familias, mientras que los militares adscritos a dicha unidad deberán recibir un curso de 50 horas sobre Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario.

El Tribunal además instó a la Fiscalía a acelerar los procesos penales que se adelantan por la muerte de estas tres personas a fin de identificar plenamente a los responsables e imponer una sanción, en tanto que compulsó copias a la Procuraduría para que analice si hay lugar a abrir una investigación disciplinaria por estos hechos.

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