La Corte Constitucional no pudo llegar este jueves a un acuerdo sobre si anula o no un fallo que en agosto pasado protegió a una serie de comerciantes ubicados en el sector de Playa Blanca en la Isla de Barú, Cartagena, sin que al parecer sean afrodescendientes, ni integrantes de comunidades ancestrales.
La petición de nulidad la elevó la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, al estimar que la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca, realmente agrupa a comerciantes, que trabajan en zona de playa, y que sus representantes son una ciudadana española identificada como Carmen García y el trabajador Wilfrido del Río Estrada.
La Sala Plena, alcanzó una votación de 4-4, y por eso se tuvo que designar a Mauricio Plazas como conjuez para decidir si mantiene el fallo o si lo revoca.
En este caso, Guillén insistió en que la preocupación principal es que se proteja a comunidades que se autodenominan ancestrales, sin que lo sean, lo que se podría tomar como un precedente para que se presenten acciones de tutela similares y conseguir incluso titulaciones de tierras en zona de playa.
“Este fallo marca un grave precedente para todas las playas de Colombia y es que un grupo de comerciantes que tiene derecho al trabajo, pero que no se quiere someter a las reglas, simplemente se autoproclama como comunidades étnicas para adquirir una serie de derechos que por otra vía no tendrían”, dijo en su momento Guillén.
Para Guillén es necesario que la Corte evalúe de nuevo la situación de los comerciantes extranjeros, más si se tiene en cuenta que la Corte no aceptó una prueba ocular que se realizó en el proceso y que determinó precisamente que no se trataba de una comunidad étnica.
“Es una señora extranjera que tiene montado un hostal en zona de baja mar y no en zona consolidada, en zona de playa, y la playa es de todos”, dijo la Directora quien aseguró además que la Nación es dueña de 259 hectáreas de terreno consolidado y afirmó que actualmente no hay ningún proyecto turístico en la zona.
En el fallo, la Corte Constitucional protegió a las comunidades y señaló que el Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Cartagena debe reconocer a la comunidad afrodescendiente de Playa Blanca como un Consejo Comunitario, para que además sea consultado previamente sobre la realización del proyecto Playa Blanca Barú SAS en dicha isla de Cartagena.
También había dado un plazo de 10 días al Gobierno para el reconocimiento del Consejo y un mes para iniciar el proceso de consulta previa sobre el mega proyecto hotelero.
