lunes 27 de agosto de 2018 - 7:17 AM

Contraloría hace cuestionamientos sobre Hidroituango

En una auditoría de cumplimiento a Hidroituango, la Contraloría General de la República encontró 35 hallazgos sobre presuntas irregularidades constructivas y de licenciamiento ambiental.

De estos hallazgos ya había sido notificada la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), implicada en el informe de 442 páginas. El documento, que tiene corte a mayo pasado, estipula presuntas faltas, tanto disciplinarias como penales, siendo estas las que advierten la complejidad de un proceso que, ha aclarado EPM, asumirá con prontitud y responsabilidad.

Los hallazgos de Contraloría ya fueron revisados por el Idea, socio mayoritario del proyecto (50,7 % de participación), y se destacan ocho puntos como los más álgidos por su connotación penal.

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¿Qué dicen la Anla y EPM?

La autoridad ambiental respondió en un comunicado que “algunos señalamientos” de la Contraloría sobre la crisis de Hidroituango “son inexactos y no corresponden a la realidad”. Indicó que la licencia ambiental no fue concedida ni autorizada por la Anla, entidad que nació en 2011.

“La licencia fue otorgada en 2009 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, señaló.

Añadió la Anla que actualmente existen nueve investigaciones sancionatorias, de las cuales seis se encuentran en etapa probatoria, por lo que esperan que a finales de este año se produzcan decisiones.

“No consideramos correcto crear distracciones, endilgando a la Anla responsabilidades que no le corresponden, tratando de generar confusión a la misma autoridad que está llevando investigaciones para determinar las causas de la contingencia”, acotó.

En la mañana de este lunes EPM emitió un comunicado al respecto. 

Los hallazgos

El informe de la entidad evidencia 35 hallazgos administrativos, ocho de estos con incidencia penal y disciplinaria.

“Lamentablemente no se aprende de las experiencias y de los errores. Se observa que todo aquello evidenciado en el proceso de licenciamiento y desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica de El Quimbo, volvió a repetirse en este proyecto de Hidroituango con mayores agravantes los que hoy ha suscitado este segundo proyecto, pues viene generando graves problemas para las poblaciones y para el ambiente sin el control requerido por parte de los dueños del proyecto, razón por la que tuvo que intervenir el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia”, dice el informe.

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La Contraloría además habla de “debilidades y errores” encontrados en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento pues afirma que se aprobó “sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas y además su impacto a nivel poblacional implica afectar la vida, la cultura y la economía de más de 26.000 personas que viven aguas arriba y aguas abajo”.

Agrega que no se exigió para el otorgamiento de la licencia, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, a través del cual se pudiera evaluar y determinar si esa era la mejor opción de localización desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar el proyecto.

El informe cuestiona también que a lo largo de la ejecución del proyecto han tenido que generarse 12 modificaciones a la licencia ambiental, las cuales no contaron con los estudios y diseños suficientes pero la ANLA las otorgó.

Otro de los hallazgos de la Contraloría es la presunta falta de un plan de contingencia que permitiera atender la crisis ocurrida en abril de 2018, en la cual según estos EPM perdió el control hidráulico del proyecto. “No tuvo acciones inmediatas tendientes a la atención de los habitantes de las poblaciones aguas abajo del Río Cauca, afectadas por el flujo de agua del Río Cauca, que en forma descontrolada afecto siete municipios, ocasionando la evacuación de miles de personas”, dice el informe.

Y agrega “el plan de contingencia del proyecto Hidroeléctrico de Ituango fue diseñado y formulado sin tener en cuenta los riesgos máximos, como debió hacerse, aprobado por la autoridad ambiental con esas deficiencias. Puede afirmarse que los estudios y diseños fueron presentados más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto”.

En el desarrollo de las obras civiles del proyecto, dice la Contraloría, existieron también decisiones por parte de EPM y del Anla, que no estaban sustentadas de manera técnica como el cierre definitivo de los dos túneles de desviación principal, “sin que hubieran construido las compuertas incluidas en el diseño; y en su reemplazo la construcción de un solo túnel con la mitad de capacidad de los dos túneles cerrados, también ubicado sobre fallas geológicas”.

“Aún no se tienen establecidas las causas que conllevaron al colapso de este nuevo túnel. El cúmulo de fallas en los estudios, diseños y en las obras del sistema de túneles de desviación, así como en las desacertadas decisiones por parte de los involucrados, posibilitaron la ocurrencia del desastre de hace tres meses, del que continúan sus efectos”, agrega el informe.

La Contraloría menciona también en el informe que ha primado el factor tiempo en avanzar en la obra y finalizar el proyecto, dejando a un lado los temas ambientales y sociales. “El riesgo puede acrecentarse por la llegada de la época de lluvias en octubre próximo, fecha en la cual alcanza el pico máximo del nivel de pluviosidad”, advierten.

El ente de control asegura además que el horizonte del proyecto puede considerarse como incierto y que hay “ausencia de información” por lo que advierten que el riesgo se mantiene así se haya superado esta emergencia. “La ausencia de información idónea sobre el proyecto desde antes de que se otorgó la licencia ambiental, ha sido el común denominador de este proyecto en todas sus etapas, situación marcada aún más con la reciente emergencia ocurrida; por lo cual el Gobierno Nacional recurrió a la opinión de expertos internacionales”.

“En términos generales puede resumirse lo encontrado por la CGR, la aprobación de la licencia ambiental sin contar el proyecto con estudios técnicos, diseños y la línea base sustentados en información actualizada (parte de la información presentada correspondía a información de varias décadas de antigüedad y que no mostraba las condiciones reales del momento), detallada (la escala utilizada era a nivel regional y no puntual en el territorio), completa ( no se contaba con información y diseños de detalle) y sin determinar si se trataba de la mejor opción porque no se exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas”.

A lo largo del proyecto, según la Contraloría, se hicieron modificaciones importantes “sin mediar modificaciones de la licencia (mal concebidas obras menores y el desarrollo del túnel de desviación sin licencia), y por incumplimientos la autoridad ambiental apertura Procesos Administrativos Sancionatorios los que por la falta de diligencia, oportunidad y gestión están en riesgo de caducidad y prescripción”.

El informe también hace un llamado de atención a los entes de Gobierno para informar a las poblaciones sobre el riesgo al que están expuestos. “Los pobladores merecen saber cuánto tiempo tienen que estar bajo las condiciones de zozobra o si el riesgo es por siempre y de allí tomar las decisiones del caso, es el mínimo de sus derechos”, concluye.

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