martes 17 de agosto de 2021 - 5:35 PM

Corte ampara derecho al debido proceso de reparación de 'falsos positivos'

Tras estudiar una acción de tutela instaurada por Luz Dary Quintero contra la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso en la reparación directa (lucro cesante) de las víctimas de ‘falsos positivos’ del Ejército Nacional.
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La denunciante aseguró que el Consejo de Estado vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con una decisión proferida el 4 de diciembre de 2019, en el proceso de reparación directa iniciado contra la Nación.

En ese momento, la alta Corte confirmó la responsabilidad del Estado por el homicidio de Luis Fernando Castaño, pero revocó el reconocimiento de los perjuicios materiales (lucro cesante), bajo el argumento de que al momento en que ocurrió el daño, la víctima no se encontraba ejerciendo ninguna actividad productiva, dada la intermitencia y diversidad de su actividad laboral.

En el proceso de reparación directa se constató que el deceso de Luis Fernando Castaño tuvo lugar cuando los impactos de bala que condujeron a su muerte fueron recibidos en su mayoría por la espalda y en un ángulo descendente, en un operativo del Ejército Nacional.

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Se estableció que a pesar de que en el lugar de los hechos fue encontrada una vainilla, que según el dictamen pericial fue percutida por el arma de fuego “hechiza” encontrada junto al cadáver de Luis Fernando Castaño, en el proceso se demostró que no pudo haberla utilizado.

Luis Fernando Castaño sufría una atrofia en la mano derecha que le impedía usar dicha extremidad; en consecuencia, era zurdo. El arma “hechiza” encontrada junto a su cadáver tenía un sistema de funcionamiento que requería, cuanto menos, del uso de ambas manos para ser accionada y el arma tenía una cacha ortopédica diseñada para personas diestras, que obviamente excluía de su uso a personas zurdas.

Adicionalmente, en el proceso de reparación directa, específicamente se indicó que no se logró demostrar que Luis Fernando Castaño perteneciera a las denominadas “BACRIM” y tampoco a las Farc.

Del material probatorio obrante en el caso se verificó que Luis Fernando Castaño se dedicaba a oficios varios, cuidando casas, en actividades diversas en el campo, haciendo artesanías y, específicamente, el día de su deceso pretendía ocuparse en el oficio de la construcción de obras.

Igualmente, los testimonios dieron cuenta de que Luis Fernando Castaño era una persona activa laboralmente en constante búsqueda de ingresos económicos, a fin de procurar el sostenimiento de familia.

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Tras estudiar el caso, la Corte Constitucional determinó que el Consejo de Estado incurrió en un error fáctico, dado que no valoró de manera conjunta los testimonios que, dentro del proceso de reparación directa iniciado en contra del Ejército Nacional, en las que se podía establecer que, conforme a la realidad socioeconómica de nuestro país, el trabajo informal se caracteriza por ser frágil e inestable, lo cual no excluye su eventual lucro cesante.

La Corte encontró que el juez de lo contencioso administrativo no valoró en la sentencia del 4 de diciembre de 2019, la prueba de la realidad social propia de la inestabilidad laboral que caracteriza al empleo informal, al exigir que Luis Fernando Castaño estuviera realizando una actividad laboral el día de su fallecimiento para poder reconocer el lucro cesante.

“Este Tribunal Constitucional entendió que, desde una perspectiva constitucional, no es posible equiparar las condiciones propias de la estabilidad permanente de un empleo formal, a las especiales circunstancias de intermitencia laboral de Luis Fernando Castaño. Para la Sala Plena, aceptar esta carencia de valoración probatoria, desconocería la obligación del Estado, en casos de ejecuciones extrajudiciales, de adelantar todas las actuaciones tendientes a una reparación integral del daño causado”, determinó la Corte.

La ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, determinó que existió una errada valoración probatoria en este caso, debido a que el Consejo de Estado restó valor al oficio de artesanía que Luis Fernando Castaño desarrollaba de manera intermitente pero continuada en su hogar, “respecto del cual no se puede decir que hubo abandono definitivo, pues su ejercicio atendía a dos circunstancias, elaboración y posterior venta, aspecto que no fue debatido, ni analizado por el operador judicial”.

Así mismo, que no se tuvo en cuenta que la víctima directa se dedicaba de manera regular a actividades lucrativas, con lo cual no se podía concluir que se trataba de una persona improductiva pues, aunque se desempeñaba en diferentes labores, por circunstancias propias del empleo informal, justamente el día de su fallecimiento se disponía a emplearse en el área de la construcción.

La Sala Plena reiteró que, en casos de vulneración de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, la trascendencia se inserta en el principio de la dignidad humana, por lo que su resolución judicial requiere una reparación integral.

“Esto es que, además de ser suficiente en el aspecto jurídico económico, comporte también, sobre la base de la verdad, el restablecimiento del honor y la reputación de las personas asesinadas o desaparecidas sobre las cuales han recaído acusaciones de instrumentalización y estigmatización de ser insurgentes o terroristas, son aspectos que pueden ser evaluados además en otras instancias o tribunales judiciales”.

La Corte revocó la decisión del Consejo de Estado y en su lugar amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Luz Mary Quintero Castro, dentro de la acción de tutela instaurada contra la Sección Tercera, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Así, la Corte le dio 30 días al Tribunal Administrativo del Quindío para que dicte otra providencia en la que se liquide y actualice nuevamente el monto de los factores correspondientes al lucro cesante reclamado por Luz Mary Quintero Castro, en el proceso de reparación directa.

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