lunes 22 de noviembre de 2021 - 8:00 PM

Corte avala ley que protege los derechos de los adultos mayores

El principal objetivo de esta ley es proteger los derechos del adulto mayor, relacionados a la protección de la igualdad, vivir con dignidad, no discriminación y el reconocimiento de derechos políticos.
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La Corte Constitucional dio vía libre a la ley 2055 de 2020 mediante la cual se aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores”, que fue adoptada por Colombia en Washington, Estados Unidos.

El principal objetivo de esta ley es proteger los derechos del adulto mayor, relacionados a la protección de la igualdad, vivir con dignidad, no discriminación y el reconocimiento de derechos políticos.

La Corte aseguró que los postulados de la ley, no solo son compatibles con los mandatos constitucionales, sino que además “constituyen valiosas herramientas que potencian y promueven la materialización de diversos principios y derechos constitucionales que se relacionan con la protección, igualdad, dignidad y los derechos de los adultos mayores”.

La Corte se refirió al marco jurídico internacional y concluyó que el objeto y las finalidades de la Convención son compatibles con la constitución e indicó que en los artículos convencionales se promueve la materialización de, entre otros postulados, el del Estado Social de Derecho.

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“También contribuyen al cumplimiento del deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en particular, cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución. Y, a su vez, reproduce y desarrolla el mandato constitucional del artículo 46 que exige la protección y asistencia de las personas mayores al Estado, a la sociedad y a la familia”, afirmó la jurisprudencia.

Es de resaltar que la ley 2055 de 10 de septiembre de 2020 busca “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades ‘fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, lo que quiere decir que en los 41 artículos de la Convención y los 3 artículos de la norma, se busca evitar y penalizar a aquellos que vulneren los derechos de las personas mayores de 65 años.

La ley fue impulsada por el senador Iván Cepeda y la congresista Aida Avella ante el Congreso de la República, con el fin de acoger la convención adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.

“El derecho al acceso preferente a la justicia para quienes a edades avanzadas están en condición de riesgo; y la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de forma directa como garantía de sus derechos”, advirtió el senador Cepeda en un comunicado.

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La Corte señaló que la Convención supone una solución al problema de fragmentación del derecho internacional relativo a la protección del adulto mayor, puesto que condensa en ella las garantías y obligaciones previstas en otros instrumentos internacionales reconocidos por el Estado colombiano.

Así, señaló que “el instrumento internacional otorga mayor protección a los adultos mayores, mediante la fijación de un catálogo especializado de derechos, que incluye una serie de obligaciones claras y directas para los Estados Parte”.

Entre los derechos que esta ley promueve para los adultos mayores está la igualdad y no discriminación por razones de edad; el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, según se establece, esto debería de ser en igualdad de condiciones con otros sectores de la población; el derecho a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias; incluso, al derecho de brindar consentimiento libre e informado en él ámbito de la salud, entre otros.

Luego de la aprobación de la ley en la Corte Constitucional, el articulado se enviará al presidente Iván Duque y al presidente del Congreso para su respectiva firma y aplicación, para el correspondiente trámite de depósito del instrumento de ratificación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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