El alto tribunal halló ajustada a la Constitución la lay que avaló el tratado suscrito en París entre Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE el 30 de mayo de 2018.
La Corte Constitucional avaló la ley que autoriza a Colombia a hacer parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con el tratado suscrito en París el 30 de mayo de 2018.
El alto tribunal aseguró que “en términos generales halló que las disposiciones de la ley aprobatoria son compatibles con la Constitución de conformidad con las atribuciones conferidas al Congreso de la República”.
La corporación también constató que el Gobierno y el Congreso de la República justificaron suficientemente y debatieron la conveniencia de los instrumentos internacionales.
La Corte halló que el objetivo del acuerdo se traduce principalmente en establecer compromisos y condiciones para adoptar unas políticas públicas determinadas para una buena administración.
Además, se ajusta al ordenamiento superior y al orden internacional de los derechos humanos al contener estipulaciones que promueven la integración económica, social, política y ambiental, en correspondencia a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
Según explicó la Corte la misión de la OCDE se centra en promover políticas que ofrecen un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.
Del mismo modo, para que trabajen para entender qué es lo que conduce al cambio económico, político, social y ambiental. Así como medir la productividad y los flujos globales del comercio e inversión seguido de analizar y comparar datos para realizar pronósticos de tendencias. Igualmente, que fijen estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.
En el caso puntual de Colombia, el alto tribunal señaló que el proceso de acceso empezó a partir de 2011, como se previó desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el cual una vez determinada la hoja de ruta donde se establecían los términos, condiciones y procedimientos, se sujetó a la evaluación y ajustes por 23 comités de expertos y técnicos que revisan de manera progresiva y por etapas las políticas públicas del país, para así tomar la decisión por consenso de aceptación como miembro de la OCDE.
