La Corte Constitucional rechazó la demanda que interpuso la representante a la Cámara, Katherine Miranda contra el Decreto 1844 de 2018, en el que se establece que la Fuerza Pública debe realizar incautaciones de dosis mínima y sancionar a quienes posean sustancias sicoactivas.
"Que de conformidad con lo anterior y lo dispuesto en el artículo 237 la competencia para conocer de las demandas que se formulen contra el referido decreto se encuentra asignada al Consejo de Estado", dice el documento.
Con la demanda la representante pretendía que el decreto se declarara inconstitucional en razón a que la normativa no solo viola los derechos fundamentales de los consumidores sino que no establece las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico, o terapéutico para las personas que consumen dichas sustancias. La demanda que también fue presentada ante el Consejo de Estado, fue admitida.
En la mañana de este lunes, la ONG ‘Temblores’ y miembros del Colectivo de Abogados José Alvear, también interpusieron otra demanda en contra del decreto, bajo el argumento que esta medida del actual Gobierno lo que termina "es creando un escenario de mayor grado de vulnerabilidad para las personas que habita en las calles y no tienen un lugar para poder consumir dicha sustancias".
Además de ello, a juicio de los demandantes se crean escenarios de discriminación contra poblaciones que son desproporcionalmente afectadas por las drogas.
