miércoles 15 de julio de 2020 - 7:13 PM

Corte ratificó medida de aseguramiento a gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien fue suspendido por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante su primera gobernación en 2004 y 2007.
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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia informó este miércoles que declaró impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del gobernador Aníbal Gaviria Correa, lo que quiere decir que el mandatario suspendido seguirá por ahora en prisión domiciliaria.

“La Sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el Fiscal primero delegado ante la Corte al definir la situación jurídica de Gaviria Correa”, informó el tribunal en un comunicado de prensa.

La Fiscalía General señala a Gaviria de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, en ocasión del contrato para el mejoramiento y la pavimentación de la bautizada Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta a las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

Independiente de esta decisión, desde el pasado 5 de junio corre un término de hasta 60 días (varía según material probatorio) para que la Fiscalía acopie pruebas que le permitan hacer una calificación de la etapa sumarial, que puede ser de dos vías: 1) Acusación formal a Gaviria, ante la Corte (seguirá el juicio); 2) Desistir de la acusación y archivar el expediente.

Cuatro puntos del litigio

La Fiscalía señaló que se pactó inicialmente un anticipo de 25 % y luego se amplió a 29 %, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. “Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia”, indicó.

Al respecto, Gaviria respondió “que en el contrato se pacte pagar un anticipo superior en un 4 % a lo dicho en los pliegos no es delito, ni es irregular, pues en el documento se pueden hacer modificaciones no sustanciales a lo dicho en los pliegos”.

El segundo reproche de la Fiscalía es por el anticipo que, indicó, fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. “Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos”.

¿Qué respondió Gaviria? Sobre la garantía dijo: “el contrato siempre tuvo las pólizas de ley y estas fueron aprobadas como consta en el acta de inicio. El contratista cumplió el contrato y la Gobernación no acudió a la ejecución de pólizas. Además, el Gobernador de Antioquia no tiene dentro de sus funciones aprobar pólizas”.

Sobre la compra de la maquinaria, añadió: “es cotidiano que los contratistas compren maquinaria con el anticipo para ejecutar la obra. En esto no hay ninguna irregularidad y menos de carácter penal. El contratista amortizó 100% del anticipo según lo previsto en el contrato y en la ley. Además, la supervisión de la buena ejecución del anticipo la realizó la interventoría y en este tipo de actuaciones los gobernadores no participan”.

Tercer y cuarto punto, la adición y un otrosí

El 8 de noviembre de 2007 se firmó una adición al contrato para ampliar el objeto y pavimentar 1,6 kilómetros correspondientes a los sectores Zaragoza-Escarralao y Caucasia-Nuevo Oriente. El costo de la adición fue de $3.995 millones.

Asimismo, el 27 de diciembre de 2007 se pactó un otrosí por $16.334 millones para el diseño y la construcción del puente sobre el río Nechí, en el sitio Palizadas, para conectar la cabecera de El Bagre con la Troncal de la Paz. El plazo se prorrogó en 22 meses.

¿Qué dice la Fiscalía? Afirmó que las dos adiciones “no habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública”. Sobre el otrosí, dijo: “se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador (...) Este último asunto debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original”.

¿Qué respondió Gaviria? “La ley señala que los contratos se pueden adicionar hasta en un 50 %; las adiciones realizadas no superaron este porcentaje. Con las dos adiciones se logró conectar los municipios de Zaragoza y El Bagre con la Troncal de la Paz. Estas dos adiciones que, repito, considero ajustadas a la ley, pertinentes y necesarias, tampoco las firmé, pues por competencia es una función que cumple la Secretaría de Infraestructura Física”.

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