Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, se han recibido 1.686 quejas por parte de colombianos por la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela, que fue cerrada el 21 de agosto por decisión del presidente Nicolás Maduro.
El nuevo reporte actualizado indica que 597 personas han denunciado que han sido víctimas de agresión física y verbal, 532 manifiestan desintegración familiar y 293 acusan hurtos o despojos en la zona fronteriza.
Frente a estas estadísticas, el defensor Jorge Armando Otálora llama a su homologo venezolano, Tarek William Saab, a buscar mecanismos para respetar los derechos de los colombianos deportados y no tomar decisiones politizadas.
“Desde la Defensoría venimos insistiendo que entidades como la nuestra deben encargarse de defender los derechos humanos, nosotros paralelamente a las declaraciones de los jefes de Estado debemos buscar una salida humanitaria y no política”, señaló.
El reporte también revela que en la Defensoría se han registrado 353 personas deportadas y 1.273 casos de personas que han vuelto a Colombia por su propia voluntad.
A lo que Otálora dijo que se tiene que respetar la soberanía de Venezuela, pero las autoridades del vecino país deben seguir un proceso regular: “pedimos al gobierno de Venezuela que se atengan a la normatividad, para la deportación de extranjeros y se respeten los derechos fundamentales”.
El Defensor del Pueblo también anunció una reunión con sus homólogos de Latinoamérica: “se está acordando una asamblea de Defensores del Pueblo de toda la región, para que se ponga a disposición los hechos que han sucedido en la frontera”.
