jueves 11 de abril de 2019 - 12:00 AM

Delincuencia precoz

En Colombia, desde el auge del narcotráfico y el crimen organizado, los menores son reclutados para delinquir. Mientras la Ley 1908 muestra sus ‘falencias’, la crisis social aumenta.
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El pasado 27 de marzo, las voces del comerciante Darío Alexis Hincapié y el mensajero Mateo Cuesta Prieto fueron silenciadas a manos de un menor de 14 años, quien desenfundó su revólver calibre 38 y disparó seis veces contra los hombres, causándoles la muerte.

Un hecho que se registró en la comuna 12 de Medellín y que, además, dejó una persona herida, a la vez que abrió el debate sobre la eficacia de la Ley de Infancia y Adolescencia.

Es que, al parecer, y según lo dio a conocer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, no sería la primera vez que el joven delinque, pues se presume que habría cometido otros diez asesinatos.

No obstante, debido a que dichos crímenes se llevaron a cabo cuando era menor de 14 años, no podrá ser procesado por ellos.

En ese sentido, y por el doble asesinato que conmocionó al país, el adolescente fue condenado a ocho años de detención en un centro especializado.

Los niños del sicariato

Según la versión de las autoridades, el menor estaría, desde hace años, al servicio de la banda criminal ‘La Torre’, que delinque en las comunas 12 y 13 de Medellín.

El reclutamiento de menores, es ahora la mejor carta.

“En este momento, las bandas están usando a los adolescentes para el crimen organizado, porque saben que son niños y que muchos no serán condenados o que máximo estarán ocho años en privación de la libertad. La Ley 1098 dice que solo los mayores de 14 años serán sancionados penalmente por los delitos. Los menores de esta edad reciben tratamiento diferente para el restablecimiento de sus derechos en el Icbf”, explicaron delegados de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia.

Es por ello que en el caso de este menor, quien presuntamente ha cometido una docena de asesinatos a sangre fría, la condena máxima no superará los ochos años.

“Esta Ley tiene una finalidad restaurativa, pedagógica y sancionatoria, pero también es muy flexible y garantista. Por eso es que varios juristas hablan del tema, porque independiente de que el joven cometa 10 o 20 asesinatos, no pagará más de ocho años. Cosa que no ocurriría si fuese mayor de 18 años”, explicó la fuente.

En este tipo de crímenes, la Ley no establece la responsabilidad de los padres desde el ámbito penal.

Entre tanto, los menores condenados son sometidos a un proceso pedagógico, lúdico, educativo y psicológico, con ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, y de fundaciones afines, para la resocialización de los adolescentes.

“Lo que se espera es que luego de todo el proceso, los jóvenes salgan siendo agentes de bien para la sociedad. Se les educa, se les enseña a desarrollar habilidades y a dejar de lado la delincuencia. Pero eso también depende la voluntad que tengan, es un proceso en el que necesitamos que ellos mismos se ayuden y a veces no se logra. Por eso es que vemos que hay quienes salen interesados en cambiar sus vidas para bien y quienes insisten en seguir delinquiendo”, concluyó.

¿Quién los salva?

Aunque los actos que cometió este menor son atroces, es una situación a la que se exponen cientos de niños en condición de vulnerabilidad, especialmente para aquellos que viven en extrema pobreza.

Y si bien han sido muchos los debates sobre el futuro de estos pequeños delincuentes, y hay quienes afirman que ya no es posible hacer nada para resocializarlos, están también quienes defienden la idea de que no todo está perdido para ellos.

“Los niños, niñas y adolescentes se están convirtiendo en sicarios porque la sociedad colombiana lo permite. Esto demuestra los problemas que hay dentro de los contextos en los que estos niños se desarrollan. Hay una sociedad que tiene un impacto en la formación de estos seres humanos. A los 14 años ellos no alcanzan a medir sus actos y son fácilmente manipulables. Las bandas los vuelven drogadictos y luego les enseñan a disparar. La solución no es subir las penas”, explicó Alejandro Ruiz Caicedo, abogado especialista en derechos de infancia y adolescencia.

Para el experto, la solución es la implementación de estrategias pedagógicas y terapéuticas, a la vez que la necesidad de sacar al menor del ambiente violento, con el fin de que cambie su proyecto de vida y se encamine.

“Debemos alejarlos de los contextos violentos y de todas esas amenazas. Es lo mismo que los niños guerrilleros que gracias al acuerdo de paz están en un proceso de resocialización. La sociedad está criando delincuentes y cree que encerrarlos en una cárcel lo soluciona. Ellos necesitan acompañamiento y proyectos que les permita entender la vida lejos del crimen”, concretó Ruiz Caicedo.

Niños, crímenes e impunidad

Para el sociólogo Antonio Acevedo Linares, este fenómeno no es algo nuevo, por lo que considera urgente una reforma a la Ley de Infancia y Adolescencia.

“Desde el auge del narcotráfico y el sicariato, las bandas han reclutado a menores, esto no es algo nuevo. Pablo Escobar convertía a niños en sicarios y les ofrecía plata por matar. En parte, los delincuentes lo hacen para propiciar la impunidad, por eso se debe reformar la justicia y poner penas más fuertes”, dijo.

Además, el experto señaló la importancia de crear estrategias psicosociales que protejan a los menores y les permita crecer en ambientes sanos.

“Estos niños no son sicarios porque quieren, sino porque alguien los llevó a serlo. La mayoría vienen de hogares disfuncionales o de territorios violentos. El Estado no ha sido capaz de protegerlos”, agregó.

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