martes 25 de junio de 2019 - 5:10 PM

Denuncian asesinato de dos líderes sociales indígenas en Cauca

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, denunció este martes el asesinato de los líderes sociales Carlos Alberto Biscué y Jhordan Pequi en Cuca, uno de los más conflictivos del suroeste del país.

Según el organismo, los hechos sucedieron en horas de la madrugada del domingo 23 de junio en la aldea El Pílamo, que hace parte del municipio de Caloto.

Las víctimas festejaban la final de un campeonato de fútbol cuando un grupo de hombres armados llegó y disparó contra Pequi, quien se desempeñaba como comunero del resguardo indígena López Adentro.

En el sitio también perdió la vida Biscué, comunero del resguardo Huellas, quien estaba de paso.

El drama del asesinato de líderes sociales en Colombia va en aumento desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016.

Sin embargo, por ahora no hay una cifra única sobre las víctimas mortales de esta escalada de violencia.

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La más dramática estadística la entregaron recientemente la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, que en el informe “Todos los nombres, todos los rostros” aseguraron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc fueron asesinados desde 2016.

También, la Defensoría del Pueblo ha indicado que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.

En el mismo sentido se pronunció el pasado 22 de junio el partido político Farc, al denunciar que el asesinato de más de un centenar de miembros de la antigua guerrilla constituye “una clara violación” del acuerdo de paz.

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La violencia política se “ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos”, dijeron los líderes de la Farc.

Para el partido Farc, “estos asesinatos sistemáticos (...) son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos”.

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