El Sena, por ahora, no adjudicará la licitación pública que buscaba contratar el soporte tecnológico y de comunicaciones de la institución, por un valor de 723.665 millones, y que tenía el plazo abierto hasta este miércoles.
La decisión se dio luego de algunos reparos de las partes interesadas, y de la misma Procuraduría General, organismo que en la noche del lunes pasado sugirió suspenderla, tal como sucedió y se dio a conocer ayer en la mañana.
Según un comunicado del Sena, decidieron suspender porque los equipos técnicos, jurídicos y financieros de la entidad y de la Universidad Nacional (estructuradora del proceso), se reunirán con los funcionarios de la Procuraduría para “precisar las explicaciones dadas a la fecha y responder cada una de las observaciones recibidas por parte del Ministerio Público”.
Al respecto, Carlos Mario Estrada, director de la entidad, en diálogo con Colprensa, señaló que todas las actuaciones se han realizado cumpliendo la normatividad y agregó que la suspensión se hizo con el objetivo de darle las explicaciones, punto por punto, a la Procuraduría, resaltando que uno de los planteamientos básicos es la falta de pluralidad de oferentes.
No obstante, señaló que “no tengo ningún afán de adjudicar este proceso de forma forzada y lo que quiero es que no quede ninguna duda de la pulcritud con la que se ha manejado”, intentando dar tranquilidad a quienes hicieron reparos, sobre todo teniendo en cuenta que en la entidad hay antecedentes de presunta corrupción que derivaron, el año pasado, en la formulación de pliego de cargos contra el exsecretario General de la entidad, Milton Núñez Paz, por presuntas irregularidades en un contrato de alrededor de $18.000 millones en el gobierno pasado.
¿Inconsistencias?
Este diario tuvo acceso a los documentos enviados entre Colombia Compra Eficiente (CCE-agencia pública de compras) y la Procuraduría, en los que le solicitaba al Sena claridad en una serie de puntos.
Por ejemplo, en la solicitud que la Procuraduría le entregó al Sena, se pueden leer 10 observaciones alrededor del proceso. Entre otras, la Procuraduría reseña el alcance de la contratación, y le recomienda al Sena analizar si la consolidación de los servicios en un operador afecta de alguna manera la competencia de los proveedores en el mercado.
Frente a ese punto, incluso la Embajada de Estados Unidos en Colombia le hizo reparos al director del Sena, por considerar que presuntamente se podría beneficiar la compañía Huawei.
El director del Sena también aseguró que no se trata de una licitación amañada y que por ello decidieron suspender, para realizar los ajustes necesarios y responder a las inquietudes de los entes de control. “No tengo nada qué ver con Huawei”, resaltó el director haciéndole el quite a la acusación.
Este diario buscó la respuesta de la multinacional china y manifestó que “tiene intención de participar en dicho proceso como oferente”, y frente a las acusaciones, deja claro que “ninguno de los miembros del equipo de Huawei tiene impedimento legal alguno para su participación”.
Otro de los interesados es Claro (Comcel), que en documento firmado por la representante legal Hilda María Hasche, el pasado 16 de agosto, le dice al Sena que “analizado el pliego, las adendas, las observaciones hechas y las respuestas, Comcel advierte que, desde ningún punto de vista, resulta viable presentar oferta alguna que cumpla con las condiciones técnicas”.
Por estas razones, la Compañía de telecomunicaciones también había solicitado suspender la licitación.
Otras miradas
Otra observación tiene que ver con la no implementación de los Acuerdos Marco de Precios, establecidos en la legislación a la hora de contratar con recursos, y que han sido vistos por CCE como un elemento para evitar corrupción.
Sobre esta, en los documentos, el Sena señaló que “los acuerdos vigentes celebrados por CCE, no satisfacen la necesidad plasmada en el objeto contractual indicado y en su alcance”.
La CCE tiene otra visión de este argumento, y en un documento con fecha del pasado 19 de agosto, dejó claro que “existen servicios de los tres (3) Acuerdos Marco de Precios analizados, que estarían acordes con las necesidades que tiene en este momento el Sena, razón por la cual sería viable adquirirlos a través de estos instrumentos”.
Tras el análisis, CCE agregó que aunque hay puntos que no se existen servicios que aunque no están dentro de los Acuerdo Marco, podrían incorporarse con fundamento en una cláusula prevista en los mismos, pero que a la fecha (19 de agosto), no había recibido solicitud del Sena para hacer uso de estas cláusulas.
¿Una buena decisión?
Camilo Enciso, exsecretario Anticorrupción de la Presidencia de la República y actual director del Instituto Anticorrupción, manifestó estar de acuerdo con la decisión del Sena y aseguró que les pedirá “a la Procuraduría y al Sena que seamos vinculados a las mesas de trabajo para revisar las condiciones de la licitación, en nuestra condición de organización de la sociedad civil comprometida con la lucha contra la corrupción”.
Lo mismo planteó María Andrea Nieto, exdirectora del Sena (la declararon insubsistente por denunciar presuntos hechos de corrupción en el gobierno Santos), al recordar que hace cuatro años el Estado fue demandado por Comcel (Claro) al adjudicar una licitación con el mismo objeto contractual de la actualidad.
“Por esta misma licitación y por las mismas maneras de entregarla a las patadas, el Sena fue demandado por $200.000 millones”, señaló Nieto, quien agregó que esta “a ellos les habían advertido –el MinTIC y CCE– que tenían que unificar precios y era importante revisar el componente tecnológico para que no se sintiera una recarga hacia uno de los interesados”.
Habrá que esperar a que el Sena acate las recomendaciones de la Procuraduría y de CCE, para que ambas entidades, en aras de evitar posibles favorecimientos particulares, den luz verde al proceso licitatorio. No obstante, el director del Sena confía en que, tras las explicaciones, “los pliegos no se modifiquen”.
