miércoles 06 de diciembre de 2023 - 12:20 PM

Durante la rendición de cuentas la JEP reveló las cifras clave a seis años de su creación

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, rindió cuentas frente a los avances que ha alcanzado no solo este 2023, sino en los seis años en los que se ha construido ese mecanismo de justicia transicional.
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La Jurisdicción decidió contar sus cifras desde el Caribe porque más de 900 víctimas se encuentran acreditadas en esa región, mientras otras 1068 se encuentran en proceso de consolidarse como participantes en los once diferentes macrocasos abiertos.

Más allá del Caribe, la JEP ha acreditado a casi ocho mil víctimas individuales y 300 sujetos colectivos (comunidades, redes, poblaciones afectadas). Se trata de cerca de 300 mil personas interesadas en participar en los procesos judiciales.

Asimismo, la Jurisdicción indicó que ha rechazado el sometimiento de más de 2800 personas. Sin embargo, ha aceptado el sometimiento de más de 600 comparecientes, a quienes les ha concedido el beneficio de libertad transitoria.

Entre las personas rechazadas se encuentra el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, por no haber aportado verdad plena. Entre las aceptadas, excepcionalmente se admitió a Salvatore Mancuso Gómez, quien, como bisagra o punto de conexión entre el paramilitarismo y las Fuerzas Militares, pudo “mover los hilos” del Estado.

En total, a la JEP se han sometido alrededor de 14 mil comparecientes para resolver su situación jurídica. Entre ellos, 9.877 de las Farc-EP, 3.873 de la fuerza pública y 184 entre agentes de Estado y civiles.

La Jurisdicción, además, ha excluido o expulsado a 74 comparecientes. Por su parte, la Sala de Amnistía o Indulto ha otorgado 660 amnistías y ha definido 457 libertades condicionadas a excombatientes de las extintas Farc. Asimismo, se han entregado dignamente los cuerpos de 47 víctimas de desaparición forzada.

Entre los comparecientes de la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha imputado a 148, pertenecientes a las extintas Farc y a la Fuerza Pública, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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De las personas imputadas, 62 han reconocido su responsabilidad. Según la Jurisdicción, 79 comparecientes más “se preparan” para aceptar su culpa y siete más “se preparan para enfrentar un juicio adversarial” que podría traer hasta veinte años de cárcel.

El reconocimiento de verdad se ha consolidado en cinco audiencias públicas. Dos de ellas ocurrieron este año: en Dabeiba, en junio, y en Yopal, en agosto. Ambas diligencias reunieron a 38 comparecientes en total, incluyendo al mayor general retirado Henry William Torres Escalante.

Ambas audiencias estuvieron enmarcadas en el macrocaso 03, que investiga ‘falsos positivos’. El año pasado, treinta comparecientes participaron en otras audiencias de reconocimiento, incluyendo al antiguo secretariado de las extintas Farc, y sus casos están en manos del Tribunal Especial para la Paz.

El Tribunal Especial será el encargado de imponer las llamadas sanciones propias para los comparecientes que aceptaron su responsabilidad, como trabajos en obras públicas u otras actividades para reparar a las víctimas.

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Asimismo, por medio de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, determinará qué sigue en el proceso adversarial de Luis Almario Rojas, político de Caquetá acusado en el macrocaso 01, y de los excomandantes del Batallón La Popa —de Valledupar— Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez.

Los tres se exponen a un proceso adversarial, que comienza cuando deciden no aceptar las imputaciones hechas por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Este año, la Sala anunció cinco nuevas imputaciones.

La primera de ellas se dio en el Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se imputaron catorce crímenes de guerra y lesa humanidad a diez integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, parte del anterior Bloque Occidental de las extintas Farc.

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Las otras cuatro imputaciones ocurrieron en julio, cuando se produjo la primera imputación regional del macrocaso 01 y otra atribución de responsabilidad en el Caso 02; en agosto, cuando se imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, y en noviembre, cuando se señaló a Jaime Lasprilla Villamizar.

El trabajo de la JEP ha sido posible, según lo señalado por la JEP, gracias a 1052 informes de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado, que sirvieron como pase para abrir los distintos macrocasos.

El último de los Casos, el 11, se abrió este mismo año para investigar la violencia de género, la violencia sexual y la violencia por prejuicio ocurrida en el conflicto armado, un enfoque adoptado recientemente, incluso, por la Corte Penal Internacional.

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