Docentes y sindicatos protestan este jueves contra el Plan de Desarrollo. Con la jornada de hoy, 37,5% de los 261 días del Gobierno de Iván Duque han sido de paro.
Luego de enfrentar el año pasado un paro estudiantil que duró casi dos meses y sobrellevar por 26 días las protestas de los indígenas en el Cauca, el Gobierno de Iván Duque afronta este jueves una nueva jornada de Paro Nacional. Con estas movilizaciones, la actual administración acumula 98 días de paro, equivalentes a 37,5% de lo que va de su mandato, si se tiene en cuenta que muchas de las movilizaciones se cruzaron los mismos días.
Los estudiantes fueron los primeros en recibir con un paro al Presidente. Este duró del 10 de octubre al 14 de diciembre de 2018, fecha en la que se firmó un acuerdo con el Gobierno, a pesar de que algunas universidades continuaron en asamblea permanente hasta enero. Se estima que el costo de estas protestas fue de $300.000 millones.
Por las mismas fechas, los profesores también decretaron un paro de 24 horas el 23 de octubre, y posteriormente el paro estudiantil coincidió con el de la Rama Judicial, que arrancó el 1 de noviembre del año pasado y se prolongó por 49 días.
Pero la turbulencia para Duque no terminó ahí. En marzo inició una minga en la que los gremios estimaron que el país perdió alrededor de $80.000 millones; y los docentes cesaron actividades nuevamente, por dos días. Teniendo en cuenta que diariamente el Estado deja de invertir cerca de $42.000 millones por los 8,3 millones de alumnos en las instituciones públicas, los tres días de paro de maestros habrían implicado una pérdida de $126.000 millones.
La jornada de hoy, por otro lado, persigue tres grandes objetivos: el rechazo al Plan de Desarrollo, al asesinato de líderes sociales y la protesta por el incumplimiento de los acuerdos pactados anteriormente.
Según las centrales de trabajadores, el Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno estaría permitiendo que se contrate por debajo del salario mínimo, y afectaría al sistema de seguridad social, al promover la afiliación de los trabajadores al sistema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps). “Cuando se menciona que las personas pueden ser contratadas por hora, con un salario integral, y que sobre esa base ese trabajador tiene que resolver su seguridad social, lo que conlleva es a que los empresarios prefieran ese tipo de vinculación porque les sale más económica”, asegura Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Desde el Ministerio de Trabajo, por el contrario, se ha aclarado que lo que el Plan presenta es una figura de cotización por horas, con la que se busca que las personas que trabajan tiempo parcial puedan cotizar a salud y pensión, y que lo que se pretende con el traslado de la devolución de saldos a Beps es que el ahorro para la vejez no se convierta en “plata de bolsillo”. Además, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que el Plan no es una reforma pensional “por la puerta de atrás”. Los docentes, además, aseguran que el Gobierno no les ha cumplido con los compromisos que se acordaron en administraciones pasadas de mejorar su sistema de salud y condiciones laborales.
Según Nelson Alarcón, presidente de Fecode, el Plan de Desarrollo estaría privatizando la educación, pues asegura que “se pretenden entregar a las instituciones públicas en concesión a un operador privado”. Así mismo, Alarcón indicó que los maestros exigen una reforma constitucional que modifique la asignación de recursos para el sector educativo.
Si bien los estudiantes apoyan esta protesta, Alejandro Palacio, presidente de la Acrees, aclaró que el Gobierno ha venido cumpliendo tras el paro y aseguró que los estudiantes marcharán en contra de otros puntos del Plan. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostuvo que desde la cartera se viene atendiendo no solo a los estudiantes, sino también a los docentes.
