domingo 24 de mayo de 2015 - 12:16 PM

“El Estado ha fracasado con el sistema penal adolescente”

La representante a la cámara, Olga Lucía Velásquez, aseguró que "el Estado ha fracasado con el sistema de responsabilidad penal adolescente" e hizo un llamado para pasar de un enfoque correctivo a uno preventivo en cuanto a los infractores adolescentes que tienen entre 14 a 18 años.

“Es prioritario identificar y judicializar a quienes inducen a los adolescentes al crimen. Ahí es donde inician las cosas, y desde donde deben empezar las acciones articuladas del Estado. Todas las entidades públicas que integran el Srpa (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), incluyendo las que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar tienen que tomar cartas en el asunto”, explicó Velásquez.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se han fugado más de 1.100 personas de las 34 correccionales, siendo las ciudades de Cali y Bogotá, los centros más afectados. "Se escapan de los sitios dispuestos para su resocialización, mientras que otros, lejos de salir recuperados para la sociedad, terminan de convertirse en delincuentes en estos espacios donde frecuentemente reinan las armas y las drogas", dijo Velásquez.

Adicionalmente resaltó, que "de 10 menores, tres se convierten en adultos, mientras cumplen sus castigos pedagógicos. O sea, de un aproximado de 3.538 menores de edad, 885 se convierten en adultos en los centros correccionales".

Para la representante, esto se debe a una total incapacidad que ha demostrado hasta la fecha el Estado Colombiano, y los Gobiernos a nivel nacional, regional y local. “Es mi deber como legisladora exigirle al Icbf y a todas las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a que se apersonen del tema. Hasta hoy estas entidades han fracasado en su labor de prevenir que estos jóvenes se hagan infractores y en recuperar para la sociedad adecuadamente a los adolescentes infractores. No puede ser que estos menores de edad salgan de los centros del Srpa peor de lo que entraron. Eso es inaceptable”, explicó.

La necesidad de poner el tema sobre la mesa y llevarlo a todas las instancias que sea necesario, surge como parte de las iniciativas de Velásquez, quien resaltó que "al ver que las instituciones públicas a cargo se han tomado años tras la expedición de la Ley 1098 de 2006 sin pasar a unas acciones contundentes. Esta preocupación se hizo mayor, al ver las respuestas del Icbf y del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) a las solicitudes de información que radicó en sus instalaciones".

Además fue enfática en resaltar que “siempre se quedan cortos y sus respuestas son a todas luces insuficientes para la protección de los derechos. Los adolescentes son menores de edad y el Estado tiene la obligación legal de protegerlos y, en caso extremos, resocializarlos. No podemos volvernos facilistas con el manejo en “medio cerrado”, es decir a los centros acostumbrarlos a la modalidad cerrada del Srpa. Eso sería un contrasentido. Además, es necesario que las entidades dejen de pasarse el balón entre ellas para evadir responsabilidades y se apersonen de esta bomba de tiempo que amenaza con arruinar a varias generaciones de colombianos”.

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