viernes 31 de mayo de 2019 - 12:00 AM

El fiscal ideal

Pese a las presiones para que renunciara por el caso Odebrecht que salpicaba al exfiscal Martínez, fue una decisión de la JEP, según él, la que lo hizo dejar el cargo en la Fiscalía General.

Han pasado 15 días desde la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez y aún no se conocen nombres de posibles candidatos a ocupar este cargo.

Ante la aceptación de la renuncia de Martínez Neira, el presidente Iván Duque anunció que se tomará el tiempo necesario para designar una terna “con independencia”.

Así mismo, anunció que buscará “personas con solvencia, con patriotismo sin tacha y personas comprometidas con la legalidad como principio para todos los colombianos”. Será la Corte Suprema la que elija a quien suceda a Martínez Neira en la Fiscalía General de la Nación para un periodo de cuatro años, tal y como lo establece la ley.

Cualidades y calidades como las que anunció el presidente Duque que está buscando para que ocupen el cargo en la Fiscalía, según expertos consultados por Vanguardia, son las que deben tener quienes hagan parte de la terna, y aunque parecen requisitos fáciles de cumplir, Hugo Guerrero, docente investigador de la Universidad de La Salle considera que es un perfil un poco complicado y más teniendo en cuenta el sistema de pesos y contrapesos del país: “Podemos estructurar el perfil perfecto del fiscal, pero eso no se va a dar porque el sistema institucional impide que el fiscal llegue como resultado de un análisis meritocrático, sino como consecuencia de un conjunto de intereses que se dan desde el ejecutivo que es el que conforma las ternas”.

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Sin embargo, indica el investigador de La Salle “el fiscal debe ser una persona versada en el tema del derecho penal, a diferencia de Néstor Humberto Martínez que venía del mundo corporativo, lo cual vició su participación en investigaciones como la de Odebrecht o cualquier cosa que tuviera que ver con el grupo Sarmiento Ángulo. Además, debe ser una persona que ojalá haya tenido una gran experiencia en el marco de la judicatura o de la academia; ojalá no un litigante, así se tendría la facultad de garantizar que estuviera desvinculado de intereses de casos de defensa de sindicados por algún tipo de delito”.

Dentro del perfil para elegir al nuevo fiscal, según Julio Andrés Sampedro, Decano de Derecho de la Universidad Javeriana, debe ser una persona que tenga la trayectoria de un jurista honesto y de mucho conocimiento del derecho, no necesariamente del derecho penal, pero sí un conocimiento profundo de la ley y del derecho procesal.

Además, debe tener unas condiciones éticas muy importantes; que haya tenido una vida profesional con una hoja de vida que no tenga ninguna tacha y, “si fuera un litigante el nuevo fiscal, ganaría mucho el país porque la fiscalía se ha construido sobre un modelo en el que el fiscal es el mayor litigante en favor de las víctimas y en favor del pueblo colombiano, dentro de los procesos penales”.

En este mismo sentido, Francisco Bernate, docente de Jurisprudencia de la Universidad de El Rosario, manifiesta que “sin lugar a dudas y dados todos los antecedentes, debe ser una persona especializada y experta en asuntos penales, que tenga la solvencia, que haya estado presente en debates de altura, que no tenga ninguna tacha ni ética, ni moral, ni mucho menos legal. Debe ser un abogado penalista, creo que ya las experiencias con abogados no penalistas, son suficientes”.

La fiscalía es realmente un ente de grandes proporciones y por eso es muy difícil atinar a lo que debe ser el fiscal general, sin embargo, Rodolfo Mantilla, docente de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, también considera que hay que pensar en un jurista preferiblemente penalista, “para que conozca de fondo un proceso penal y que pueda ser la representación de la fiscalía en algunos procesos en los cuales necesariamente tiene que estar en persona el fiscal, como es el caso de las investigaciones contra los aforados, pero el hecho de que sea un jurista no garantizaría la buena gestión, sino que se requiere que sea una persona que tenga dotes gerenciales para organizar un equipo de trabajo”.

La independencia

De igual manera, el docente de la Unab considera que el fiscal tiene que ser una persona que no esté comprometido ni llegue a ejercer esa tarea a nombre de un partido político, ni siquiera a nombre del presidente de la república ... “el fiscal no puede ser de bolsillo del presidente, ni que represente intereses financieros de algunos grupos, sino que tiene que ser una persona muy autónoma para efectos de poder tener la capacidad en un momento determinado de dirigir las investigaciones y tomar las decisiones sin cortapisas de ninguna naturaleza”.

Entre tanto, para el investigador de La Salle mantener la independencia es imposible, “tendríamos que hacer un cambio de la Constitución y la forma de la conformación de la terna, que en este momento cae sobre la nominación total por parte del ejecutivo”.

Así mismo, el Decano de Derecho de La Javeriana también piensa que “garantizar que no tenga compromisos políticos es imposible, pero sí puede garantizar que tenga una hoja de vida independiente a pesar de que haya participado en cosas de política, pero sobre todo con una trayectoria profesional en donde no haya habido fallas y que sea una persona reconocida por su pulcritud y buen ejercicio profesional”.

Lo que dice la ley

El inciso segundo del artículo 249 constitucional establece que “el Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.”

Las calidades exigidas son: ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; haber desempeñado, durante 15 años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

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