El Gobierno, al tablero

Con arengas en contra del presidente Duque por la falta de recursos para las Universidades públicas, jóvenes de las diferentes universidades del país marcharon a nivel nacional para reclamar un presupuesto que permita cubrir el déficit que alcanza los 15 billones de pesos.

Lea además: Gobierno colombiano activa plan de contingencia por huracán Michael

El principal ‘bache’, según las universidades, es la Ley 30 de 1992, la cual dictó los principios actuales de la educación superior pública en Colombia. Sin embargo, los años han pasado y la formación universitaria cada vez se expande más, situación que no fue prevista en la ley, pero que sí ha generado una brecha financiera que las instituciones públicas aseguran no poder soportar, a pesar de que en 2018 del Presupuesto General de la Nación se les destinaron $3,6 billones, cerca del 10% de los recursos del sector ($35,4 billones).

Para la rectora de la universidad Nacional, Dolly Montoya, la ley “fue válida en su momento” porque planteó que el presupuesto de las universidades públicas iba a crecer al menos 1 punto por encima del IPC, algo que, según ella, “fue extraordinario para los años noventa” pero con “un error enorme” y es que no fijó un ‘techo’.

Sin embargo, 26 años han pasado desde ese momento y la tasa de crecimiento de las universidades en cobertura, programas, investigación y costos ha sido mayor al indicador, lo que las ha llevado a un déficit de $434.874 millones y un desfinanciamiento de $15 billones, lo que se refleja principalmente en atrasos de nómina e infraestructura.

Universidades regionales

Cesar Augusto Roa, representante de la Asamblea General de Profesores de la Universidad Industrial de Santander, UIS, recordó que “el déficit se ha producido por la ley de Educación Superior en el año 92, en ese momento se contaba con 150 mil estudiantes en el país y esa fue la base presupuestal con la cual se inició, y año tras año el gobierno nacional ha ido haciendo los incrementos normales del IPC, pero en estos momentos la universidad pública nacional tiene en sus matrículas más de 600 mil estudiantes, es decir, seguimos con la misma base, pero se están formando muchos más estudiantes y, además, más investigación, más extensión, profesores mejores cualificados porque en la UIS más del 50% tienen doctorado y maestría y esa alta calidad también cuesta, cuesta no solamente formarla, sino también pagarla en los procesos académicos e investigativos”.

Según Roa, “el recorte afecta porque la universidad ha hecho muy bien su tarea, pero el gobierno cada vez ha ido disminuyendo sus compromisos para una educación pública de calidad”.

Una situación similar vive la universidad de Antioquia, que a la fecha tiene un ‘hueco’ presupuestal de 68.700 millones de pesos, con menos de tres meses por delante para solventarlo.

“Estamos pasando momentos duros, creo que las universidades más golpeadas son las regionales. Al Gobierno se le ha olvidado que nosotros somos los que damos mayor cobertura educativa, llegamos hasta el último rincón para que los estudiantes no se tengan que quedar sin estudio o irse a pasar necesidades a Bogotá por unas clases centralizadas que les saldrán por un ojo de la cara”, contó el rector de la universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda.

La universidad del Valle atraviesa un déficit de 30.000 millones de pesos que buscan solventar para lograr su meta de llegar a abrir 40.000 cupos de ingreso en 2019.

Édgar Varela Barrios, rector de UniValle, expresó que “da rabia ver cómo los recursos públicos terminan yéndose por otro lado y uno es el que comienza a saltar matones para reunir lo faltante. Este S.O.S. que hemos lanzado las universidades no es de chiste o para llamar la atención como muchos creen” y resaltó que “le preocupa la crisis porque es más profunda de lo que se ve o habla, si nosotros seguimos con un financiamiento congelado estamos, fregados”.

Posición estudiantil

Con la falta de recursos del Estado los más perjudicados son los jóvenes que ven en la universidad pública una opción de estudio.

Jorge Anderson Arboleda Lamus, Representante Estudiantil ante el Consejo Superior de la UIS, manifestó que existe un déficit dentro de las universidades en materia de trabajadores como el caso de los profesores que, para el caso de la UIS, el 70% son de cátedra, y eso pasa porque la universidad no cuenta con los recursos suficientes para contratar toda la nómina.

“Básicamente el problema de los recortes a la educación es que no permite que se realice más inversión y tampoco se haga investigación, además, afecta la calidad de la educación porque los mejores profesores cobran más y se restringe la capacidad que tiene la universidad para abrir nuevas carreras”, precisó Arboleda Lamus.

La posición del gobierno

El Gobierno Nacional aseguró este miércoles la reasignación de 500.000 millones de pesos para la educación superior pública en el Presupuesto General de la Nación de 2019, luego de que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuviera una reunión con los miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República.

“Esta reasignación fue lograda gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Hacienda y Educación, así como de la Dirección Nacional de Planeación y surge de una recomposición de partidas de gasto y de recortes del Ministerio de Hacienda, y de la labor que se realiza en conjunto con el Congreso de la República”, indicó Carrasquilla.