El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el director del Inpec, general Tito Castellanos, anunciaron que comenzarán a trasladar a los condenados a los centros de reclusión, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, pero en menos tiempo de lo estipulado.
La medida se da en respuesta a la sentencia proferida por la alta corte, sobre el estado de hacinamiento en que se encuentran las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria como estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
En la actualidad hay 22.741 personas privadas de la libertad, que se encuentran en estos centros transitorios del país, por lo que procederán a trasladar a 2.642 condenados a los centros de reclusión, acatando la orden de la Corte.
El tribunal le dio al Inpec dos meses para que proceda a hacer este traslado. Sin embargo, el nuevo director de la institución dijo que lo hará en menos tiempo de lo establecido.
“De acuerdo al periodo que nos dio la Corte, podemos decir que en un tiempo no mayor a 15 días los condenados deben estar a buen recaudo del Inpec”, manifestó el General Castellanos.
Por otro lado, el ministro Ruiz recordó que los alcaldes y gobernadores deben construir centros carcelarios para los sindicados y que como Gobierno Nacional se va a cumplir el fallo frente a los condenados.
Las estrategias
Semanas atrás, el Gobierno anunció la realización de un documento con las nuevas medidas que debe adoptar el Inpec para evitar actos de corrupción, fuga de presos, entre otros. Ese documento se está adelantando con varios actores, entre ellos directores de centros penitenciarios y con los sindicatos del instituto.
El general Tito Castellanos explicó que ante la crisis carcelaria, “estamos contando con el apoyo del Ministerio de Defensa para reforzar toda la parte perimetral de los centros de reclusión del orden nacional, sobre todo de aquellos que son para reclusos de alta peligrosidad con unidades militares”.
También se realizan mayores controles a la salida y entrada de personas, para evitar cualquier irregularidad. Las personas pedidas en extradición están siendo trasladados a los pabellones de máxima seguridad. Se impartió la orden de trasladar a los internos que representen riesgo para el país y se efectúan mayores controles frente a los permisos, procedimientos o tratamientos médicos.
En el caso de actos de corrupción y participación en hechos irregulares, como los presentados en la fuga de alias ‘Matamba’, indicó que actualmente hay 60 sancionados: 55 funcionarios son investigados por la Procuraduría y cinco más por parte del Inpec. De igual modo, se trabaja de la mano con la Fiscalía para determinar si otro dragoneante estuvo involucrado en la fuga.
Otra clase de estrategias que dio a conocer el General es fortalecer el plan de transparencia en los procesos de selección de personal nuevo de directores, luego de la ley de garantías, así como fortalecer el cuerpo de custodia y vigilancia con capacitaciones a través de convenios, con la ayuda de Embajada de Estados Unidos.
También habló del fortalecimiento de los grupos especiales para el traslado de presos, verificación al interior de los pabellones y seguridad perimetral, con la ayuda de tres mil jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio.
A mediano plazo también se requiere hacer mejoras estructurales a 110 establecimientos que tienen cerca de 50 años de antigüedad y la construcción de nuevos centros para ayudar a solucionar el hacinamiento en las estaciones de Policía y URI.
Control a personas con prisión domiciliaria
El director del Inpec aseguró que luego de los controles que se han venido realizando, 322 personas se han fugado de su prisión domiciliaria, entre ellas Claudia Lizeth Peñaralda, condenada por el escándalo del Invima, quien se fugó de su residencia.
74.000 personas tienen medida domiciliaria y 650 hombres y mujeres que pertenecen al Inpec están haciendo el control de verificación de que efectivamente estén cumpliendo su condena.
Adicionalmente, existen más de 5.000 condenados con sistemas electrónicos o brazaletes. “Hay un proyecto de ley que ordena que todo privado de la libertad con medida domiciliaria debe llevar un sistema electrónico. Sería ideal que las 74.000 personas cuenten con estos dispositivos y una manera de hacerlo, es que ellos mismo lo paguen”.
Sobre el rumor que existe de privatizar las cárceles, el Ministro de Justicia puntualizó que, por medio de la ley de seguridad ciudadana, expedida en diciembre pasado, contempla la posibilidad de que se puedan construir centros de reclusión a nivel territorial y que contraten empresas privadas para su vigilancia, sin embargo, negó privatizar las cárceles.
