miércoles 06 de marzo de 2019 - 4:00 PM

Empresas públicas tendrán que devolver $15.773 millones por cobros no autorizados

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó a 14 empresas operadoras de la prestación de servicios públicos en el país a devolver la suma de $15.773 millones a los usuarios luego de identificar cobros no autorizados en las tarifas de los servicios.
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“En el marco de sus funciones de vigilancia y control, la Superintendencia identificó cobros no autorizados por 15.773 millones de pesos en las tarifas aplicadas por 14 empresas prestadoras a 2,7 millones de suscriptores en 19 ciudades del país”, indicó la superintendente Natasha Avendaño.

De acuerdo con la funcionaria, está irregularidad se pudo evidenciar en la verificación del régimen tarifario en donde las empresas aplicaron de forma inadecuada la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), ya que actualizaron incorrectamente la tarifa con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando cobros no autorizados entre 2017 y 2018.

El 90 % de los recursos tendrán que ser devueltos por la Empresa de Acueducto de Bogotá con 10.130 millones de pesos a 2,1 millones de usuarios, la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona S.A con 2569 millones de pesos, la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá (1430 millones de pesos), asimismo, las demás compañías se encuentran en el Valle de Cauca, Tolima, Santander, Meta, Cúcuta, Antioquia, Boyacá, entre otros.

De acuerdo con la Superintendencia, se acordó que las devoluciones se harán en un promedio de cuatro años, sin embargo en el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto López Espuerto S.A. E.S.P. y Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P., los periodos de devolución serán en promedio de 24 meses (2 años).

“Todos los usuarios pueden realizar la verificación de la devolución en la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Seguiremos con este trabajo de vigilancia y control para lograr nuestro objetivo como entidad técnica encargada de proteger los derechos de los usuarios con relación a las tarifas de los servicios públicos”, afirmó Avendaño.

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