jueves 21 de marzo de 2019 - 4:01 PM

“En Colombia siguen desapareciendo a la gente”: Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas

Después de más de 50 años de conflicto, no es ni siquiera clara la cifra de desaparecidos que hay en el país. El Centro de Memoria Histórica reportó más de 80 mil en un informe publicado hace poco más de un año, pero organizaciones sociales hablan incluso de más de 120 mil.

Hace un año, Luz Marina Monzón inició su labor como directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entidad creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc para coordinar, con fines humanitarios, las labores de búsqueda que realizan de manera dispersa diferentes entidades del Estado y unificar las varias bases de datos que existen y que provocan confusión entre los familiares de las víctimas de este delito.

Tras 365 días de trabajo, la entidad ha acumulado 261 solicitudes de búsqueda individual y 463 acciones humanitarias de búsquedas colectivas, con base en las cuales empezará, a partir de mayo próximo, misiones en 17 regiones del país, con el objetivo de ponerle nombre y apellido a los “NN” que han dejado vacíos en las familias de todo el país.

Barranquilla (Atlántico), Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cali (Valle del Cauca), Rionegro y Apartadó (Antioquia) y Sincelejo (Sucre) serán los primeros territorios en el primer semestre de este año, a donde llegarán los equipos de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y que en la radiografía de la violencia son en donde han quedado mayores secuelas por este crimen. Posteriormente, a la lista de departamentos se sumarán siete más: Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Montería (Córdoba), Arauca (Arauca), Quibdó (Chocó), Ibagué (Tolima) y Bogotá.

La tarea fundamental que tendrán los equipos territoriales, que en un principio estarán conformados por cuatro personas, será crear contacto con víctimas y organizaciones, además de la pedagogía para el acceso a la entidad y la recolección de información que ayuden a organizar los planes para la búsqueda.

Actualmente, ya están en marcha pruebas pilotos en dos de los departamentos del país que han tenido mayores secuelas por este fenómeno y en donde la meta es que a final de año se hayan identificado 2.100 cuerpos sin nombre (500 en Nariño y 1.600 en Norte de Santander) para así ir abonando al total del universo de cuerpos sin identificar que está en 25.0000 a nivel nacional.

Según la directora, el resultado de esta prueba piloto ayudará a conocer de manera más cierta cuáles son los obstáculos en el proceso de identificación y fortalecer este proceso extendiendo los análisis de la información a todo el país.

Monzón recordó que “ni el cuerpo ni el ADN da el nombre, sino la información que se cruzan con otras entidades y familiares”. Agregó que la ayuda de todas las entidades es muy útil: “Hay personas que se han encontrado con información de los centros de atención médica, la Registraduría o incluso las notarías”.

Despliegue versus presupuesto

Aunque el despliegue será enorme, la piedra en el camino, en palabras de Monzón, es la falta del presupuesto que recibió la entidad para este año y que se redujo casi a la mitad, lo que obligo a que lo planeado se tuviese que ajustar del mismo modo. En lo planeado por la entidad para el desarrollo de su labor estaba que el equipo fuera conformado por 261 personas, pero el Ministerio de Hacienda sólo le dio el presupuesto para cubrir el 59%, es decir, 153. Si bien la entidad ha acudido a la ayuda internacional, Monzón insistió en que no puede depender de la cooperación con otras naciones, pues es una responsabilidad de Estado.

“Nosotros pedimos más o menos 80.000 millones de pesos para este año de operación y nos dieron 33.000 millones de pesos. A partir de eso hemos tenido que organizar el despliegue territorial con estas condiciones pero que cubra las necesidades de los familiares en términos de lo que ha sido nuestro proceso de dialogo con ellas. Vamos a llegar a los territorios de donde recibimos mayores necesidades e información sobre la disposición de los familiares para la búsqueda de sus seres queridos, creo que, aunque representa un reto ese límite de los recursos estamos organizándonos para poder estar allá”, expresó la directora de la entidad.

Situación que ahora preocupa a Monzón ya que cuando se aproxime la etapa de cotejos la necesidad de presupuesto aumentará. “Por ejemplo, la exhumación de los cadáveres la realizará Medicina Legal. En los lugares donde buscamos a estas personas no hay sede de esta entidad, así que debemos transportar los cuerpos hasta las ciudades. Eso necesita de inversión”, detalló Monzón.

En su lucha, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también expresó que en medio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) la construcción de la paz y la implementación de los acuerdos no están siendo contemplados.

“Es muy importante que en el Plan Nacional de Desarrollo se constituya en la ruta y estrategia de un Gobierno frente a las prioridades que le dará a la paz en el desarrollo de su mandato y que no solo sea una misión sino una visibilidad de la construcción de paz y el PND no lo está reflejando”, expresó la directora de la entidad.

Monzón llamó la atención del Gobierno a que se establezcan estrategias y líneas de acción que aseguren y envíen un mensaje de prioridad sobre el cumplimiento de las distintas partes del acuerdo de paz.

El papel de la sociedad civil y excombatientes

En todo el proceso que adelantará la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Monzón ha reiterado que el papel de la sociedad civil, que engloba a organizaciones internacionales y las familias de las víctimas, es de vital relevancia en la construcción y definición del universo. Ante esto, la entidad ha sostenido reuniones con 700 familiares de los departamentos escogidos para priorizar, así mismo, se ha establecido contacto con familiares de desaparecidos que están en exilio en países como Canadá, Noruega, Alemania, Francia, espala, Italia y Suiza, quienes han manifestado querer dar apoyo al proceso.

“Queremos saber cuántos pueden estar vivos y cuántos muertos. Para eso es necesario la información de distintas fuentes. Nos hemos dedicado a explorarlas. Quizá la más importante hasta ahora ha sido la sociedad civil, en especial, los familiares de las víctimas. Hemos recibido información de Cundinamarca, Guaviare, Antioquia, Valle del Cuca, Meta, entre otros”, dijo la directora de la UBPD.

Actualmente, según Monzón, tienen en sus manos 2.391 archivos digitales con información crucial para los 463 casos que tienen identificados. Esperan que, además de los territorios ya mencionados, también se haga presencia con equipos satélites en La Dorada (Caldas), Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Popayán (Cauca), Catatumbo (Norte de Santander) y Valledupar (Cesar).

“Estas primeras regiones en contar con un equipo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas focalizan la desaparición forzada, reclutamiento, secuestro, excombatientes de grupos regulares (Fuerza Pública) e irregulares (grupos armados al margen de la ley). La tarea fundamental de los equipos territoriales está referida, adicionalmente, a la pedagogía para el acceso al mecanismo y la recolección de información que sustenten la formulación de planes para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”, sostuvo Monzón.

Sobre los excombatientes, la Unidad ha sostenido encuentros con 10 de ellos que han aportado información de forma voluntaria sobre los impactos del conflicto en materia de desaparición. Así mismo, ha trabajado de la mano del Comité Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dirigido por las Farc.

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