La organización Human Rights Watch presentó un informe sobre la violencia que sufren los civiles colombianos y venezolanos en las zonas fronterizas, en especial en la región del Catatumbo.
De acuerdo con el reporte, de 69 páginas, se han podido registrar asesinatos, desapariciones, crímenes sexual, reclutamiento de menores de edad de parte del Eln, el Epl y las disidencias de las Farc, tres grupos que se disputan el control territorial y los cultivos en de coca en la zona.
“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las Farc en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco, además, señaló que “los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.
En entrevistas con 80 personas de la región, HRW logró establecer que estos indicadores de violencia han aumentado, principalmente, desde la desmovilización de los miembros de las Farc tras alcanzar el Acuerdo de Paz con el Estado de Colombia y critica que “las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia”.
Asimismo, HRW agregó que analizó 13 incidentes con 17 víctimas, ocurridos entre marzo de 2018 y marzo de 2019, en los que pudo establecer que miembros de estos grupos secuestraron a civiles. “Por ejemplo, para interrogarlos sobre su presunta cooperación con otros, obligarlos a obedecer las exigencias del grupo (por caso, abstenerse de seguir investigando el asesinato de un familiar) o exigir un rescate. Algunas víctimas fueron retenidas por horas; otras durante varios días”, se lee en el informe.
Por eso, en el informe también dejó algunas tareas que debe abordar la institucionalidad colombiana, principalmente para proteger los derechos de las víctimas y las comunidades que sufren el choque armado entre los tres grupos armados ilegales que delinquen en la zona.
Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, le recomienda proteger de manera efectiva los líderes sociales, asegurar que la fuerza pública diseñe e implemente estrategias eficaces en el Catatumbo para proteger a los residentes frente al actuar de los grupos ilegales, “adherir a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político internacional para fortalecer la prevención y la respuesta a los ataques contra estudiantes, docentes y escuelas durante los conflictos armados”, entre otros.
La organización también brinda sugerencias a otras entidades, como las alcaldías y gobernaciones. Por ejemplo, señaló que en la región deben brindar albergue adecuado a personas desplazadas y víctimas de violencia sexual y cerciorarse de que los centros de acogida protejan a las víctimas y brinden condiciones de vida dignas, y que las víctimas de violencia sexual puedan buscar albergue con familiares y no estén aisladas de sus redes de apoyo.
A la Fiscalía General también le hace recomendaciones, como aumentar la presencia y capacidad de los investigadores y fiscales que trabajan en casos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos graves con el conflicto.
En relación con los casos de violencia sexual, HRW la dice a la Fiscalía que se deben “remover las barreras a las denuncias de hechos de violencia y abuso sexual, incluso garantizando el acceso a investigadores y fiscales especialmente capacitados en estos temas, y a espacios privados y confidenciales para presentar denuncias”.
“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco, destacando que “estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”.
Otros datos que se pueden leer en el informe y las sugerencias presentadas por el organismo internacional citan la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), recuerda que la Ocha reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018 y que los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
