viernes 17 de enero de 2020 - 7:28 AM

En promedio, cada día de este enero han asesinado a un defensor de derechos humanos en Colombia

Antioquia, Chocó, Huila y Putumayo. En estos departamentos se han reportado principalmente, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, los crímenes de líderes sociales en lo que va corrido del año. Así, en promedio, cada día de 2020 se ha asesinado un defensor de derechos humanos.
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El tema se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno, dado que a los pronunciamientos que en el país se han hecho para que el Estado fortalezca las acciones tendientes a evitar que se sigan presentando más muertes violentas de aquellos que trabajan por mejorar la calidad de vida de su comunidad, esta semana se sumó la preocupación de las Naciones Unidas.

“Reiteramos nuestro llamado a que el Gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones”, dijo, desde Ginebra, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe más reciente del organismo da cuenta de que el año pasado 107 activistas fueron asesinados.

“Nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de trece casos adicionales, que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual a 120 asesinatos”, señaló la ONU, que en el 2018 había registrado 115.

“Esta terrible tendencia no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados los primeros 13 días de enero”, añadió el comunicado.

“El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, agregó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

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La Procuraduría creó el Plan de Acción Oportuna, en busca de que las instituciones estatales aúnen esfuerzos para planificar y ejecutar acciones encaminadas a brindar garantías especiales a los líderes en el país.

Dónde y por qué

A partir de las hipótesis que maneja la Fiscalía General de la Nación, el organismo internacional sostiene que los homicidios se han registrado por ejercer su labor de defensores y que, en la mayoría de los casos, se han presentado en zonas rurales, donde existen rentas ilegales asociadas al narcotráfico o la minería ilegal.

“La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvo lugar en áreas rurales, casi todos ellos en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86 % del número total tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional”, dicen los datos entregados por Naciones Unidas.

Justo la directora de la Unidad Especial de la Fiscalía, Martha Mancera, aseguró que la entidad tiene reportadas 592 muertes violentas de defensores desde 2016. “De esos 592 casos, 365 fueron reportados por Naciones Unidas y las muertes” se han concentrado en once departamentos.

Según sus estadísticas, en el Cauca se han repordado 59 víctimas, seguido de Antioquia (53), Santander (32), Valle del Cauca (26), Caquetá (21) Nariño (18) y Arauca y Putumayo (15).

“Estas cifras nos permiten decir que más del 67 % de los hechos se producen en las zonas rurales”, precisó Mancera y añadió que los homicidios a líderes es una situación priorizada en el búnker.

Camilo González, director de Indepaz, sostiene que la situación “es gravísima, solamente en trece días se han asesinado a quince líderes, y casi todos son problemas asociadas a la implementación de los Acuerdos de Paz”, en tanto que al defensor nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le preocupa que la vulneración contra la mujer va en aumento, debido a que en el 2018 se tenía registro de 12 de ellas asesinadas y hasta el 31 de octubre de 2019 esa cifra subió a 19 casos.

Lea además: Asesinan a defensor de Derechos Humanos en Putumayo.

Otro objetivo del Ministerio Público es que alcaldes y gobernadores incluyan en sus Planes de Desarrollo recursos que puedan mitigar el riesgo y garantizar la protección de los defensores.

Los responsables

De acuerdo con la directora de la Unidad Especial de la Fiscalía, hay múltiples actores comprometidos con la violencia que está afectando a los líderes comunitarios.

La funcionaria enumeró las ‘Organizaciones tipo C’, que tienen en su cuenta delictiva 31 defensores asesinados y dijo que 27 personas fueron víctimas de las disidencias de las Farc, 20 del Clan del Golfo, 16 del ELN, 6 de Los Pelusos y 5 de Los Caparros.

Según Mancera, el ente acusador ha logrado esclarecer más del 40 % de los crímenes de líderes sociales reportados desde el 2016, resultados que calificó de positivos, gracias a las denuncias y la información suministrada por diferentes entidades estatales.

Responde la Canciller

La canciller Claudia Blum aseguró que el Gobierno Nacional, de manera especial, y todos los colombianos comparten la preocupación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sovre el incremento de asesinatos de líderes sociales.

“Por eso, el presidente Iván Duque está adoptando y aplicando medidas de seguridad para prevenir estos atentados y proteger a las personas y comunidades vulnerables. Así mismo, el Gobierno ha prestado su apoyo a la Fiscalía para que sus investigaciones sean eficaces y prontas y se identifiquen los responsables para que no haya impunidad”, expresó Blum.

De igual forma, resaltó que “es vital la decisión del Gobierno de enfrentar al narcotráfico y otras formas de criminalidad, pues como lo anota la Alta Comisionada, la inmensa mayoría de los ataques ocurren en zonas donde los grupos criminales están en disputa por las economías ilegales. Colombia tiene que erradicar el narcotráfico y los grupos armados ilegales que hoy subsisten para reducir los riesgos en poblaciones vulnerables”.

La Canciller agregó que el Ejecutivo está llevando el Estado a las comunidades vulnerables y fortaleciendo la inversión en las zonas más afectadas por violencia y pobreza, gracias a los planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, lo que permitirá disminuir factores de riesgo, “pues la estabilización de esos territorios es requisito para recuperar la seguridad y la vigencia de la legalidad”.

“El reto es enorme, pero todos los ministerios y agencias del Estado están trabajando coordinados para reducir esa grave criminalidad y tenemos que seguir unidos en ese propósito hasta el día en que no haya un crimen más contra un líder social, un defensor de Derechos humanos o un excombatiente”, dijo.

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