La dignidad de la labor de los abogados se vio gravemente afectada con la aparición del cartel de la toga, pues demostró que la corrupción había llegado hasta las altas cortes.
Nombres como Francisco Ricaurte Gómez, José Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Camilo Tarquino y Jorge Petelt, magistrados de las altas cortes en Colombia, salieron a la luz pública hace unos años y pusieron en entredicho el papel de los jueces y la crisis que se viene en la justicia.
El más sonado fue el famoso ‘Cartel de la Toga’ que en 2017 fue señalado de corrupción en la Rama Judicial y supuestos pagos para influir en procesos judiciales.
A esta lista de nombres también se suma el de funcionarios como el juez cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, quien fue encontrado culpable de fallar tutelas reconociendo a particulares beneficios contrarios a la ley a costa del presupuesto de Ecopetrol.
De acuerdo con expertos en el derecho, la corrupción es un tema del que siempre se ha hablado en Colombia. Para el abogado Eduardo Muñoz Serpa el fenómeno llamado corrupción es consecuencia de un sistema político premoderno como dice el teórico Francisco Leal Buitrago.
Según Muñoz Serpa, la justicia no ha sido capaz de desligarse de estructuras políticas que hace años han debido quedar a un lado y eso genera corrupción, pero el país no es más o menos corrupto que antes... tal vez el único presidente que tuvo lucidez a ese respecto fue Virgilio Barco, pero seguimos empecinados en la misma mirada de la política que hubo en 1958 cuando se implantó el Frente Nacional.
“La corrupción es una consecuencia y no una causa, entonces la corrupción no es un estado de cosas producto de circunstancias ajenas a la forma de vivir en el país y no se puede hablar de la corrupción como un hecho aislado a la estructura del Estado”, explica Muñoz Serpa.
Con respecto al ‘cartel de la toga’, Gerardo Martínez, abogado y analista, considera que con este hecho la profesión de abogado sufrió en su dignidad y honradez, porque nadie creía que eso podría pasar en las altas cortes y menos en la Corte Suprema de Justicia que era el paradigma de la inteligencia y la honradez. “Entonces, que llegara a haber un cartel de un negocio de las decisiones, y eso abonado a que proliferaron las facultades de derecho y la exigencia en la calidad académica y personal del abogado se mermó, son factores que han contribuido a que (lo digo con nostalgia) el abogado prestigioso ante la sociedad por el hecho de ser abogado casi no se ve, hoy casi que se le mira con recelo y se le busca (no siempre) para que atienda las causas de manera justa y honrada sino pensando que él puede acudir a negociar por debajo de la mesa. Eso, desde luego, decepciona...”.
Ética y presiones
El caso más reciente de corrupción en la justicia fue la captura el pasado 1 de marzo del fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Carlos Bermeo, cuando recibía 500 mil dólares para que incidiera en el caso de Jesús Santrich.
Ante este panorama, David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, manifiesta que “la fórmula es enfocar los programas de derecho desde la ética, pero sobre todo para qué sirve, y entender que es para defender y no lucrarse, sin importar los mecanismos y el medio para lograr esos cometidos”.
Murillo piensa que lo importante es que se necesita con el derecho, como cualquier otra profesión, garantizar una vida digna, entender que el derecho cumple una función social y no simplemente en defender corruptos y torcer la administración de justicia.
Asimismo, considera que “la crisis va más allá, porque es estructural, porque es la forma como se concibe, es decir, el derecho no como un mecanismo para proteger a las personas, sino un mecanismo para lograr hacer dinero sin importar a quién y cómo se defiende, como es el caso de algunos abogados reconocidos y prestigiosos que se han dedicado a torcer la administración de justicia, a sacar beneficio a partir de actos poco éticos y que terminan siendo un referente para los nuevos profesionales”.
En este mismo sentido. Hugo Guerrero, docente investigador de la Universidad de La Salle, considera que en el derecho, como en cualquier otra profesión, el tema de dejarse afectar o no es una cuestión de valores personales; entonces, lo que podría mirarse es la forma en que se está educando a los abogados, si ello responde a unos valores que necesita fortalecer la justicia colombiana en el proceso de institucionalización del Estado.
Según Guerrero, “parece que en algo están fallando las universidades porque nadie se hace corrupto porque lo obligan, realmente es una decisión personal; sin embargo, lo que se tiene que decir es que institucionalmente hay muchas falencias, no podemos dejarnos confundir al decir que todas las personas que se dedican al derecho, ya sea desde el litigio o desde la consultoría o especialmente hoy desde la judicatura, son personas corruptas”.
La politización
De acuerdo con lo expresado por el investigador de La Salle, otro problema que enfrenta hoy en día la justicia en Colombia es la manera como se eligen los jueces de las altas cortes, porque no se llega por la vía de la meritocracia, sino con un proceso político que muchas veces responde a los intereses de los partidos, por eso es allí donde deben darse las grandes reformas y de allí es que surgen escándalos puntuales que se dan muy poco en tribunales superiores hacia abajo, mientras que la corrupción grande ocurre en las altas cortes, como en el caso de Pretelt, el del exmagistrado Malo y toda la histórica crisis y señalamientos de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura, además de lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral y que responde a los intereses de los partidos, entonces realmente se tiene un problema institucional fuerte.
Nuevas generaciones
Con la crisis que se vive en el sistema de justicia en el país, el panorama para las nuevas generaciones es bastante oscuro, de acuerdo con Murillo, sin embargo, Muñoz Serpa argumenta que “desde los que empezaron a estudiar derecho cuando terminó el gobierno de Rojas Pinilla, solo se hablaba de la enorme corrupción... pero ese hecho no cambia el imaginario para el joven cuando está estudiando la carrera, porque en las aulas se estudia el sistema político, no la materia llamada corrupción, sino el conjunto de normas”.
¿Qué es el cartel de la toga’
La organización a la que se llamó ‘cartel de la toga’, de la que hacían parte los presidentes de las altas cortes, estaba dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública, siempre relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal y manejaban los procesos a cambio de jugosas sumas de dinero.
Según se conoció, la estrategia era conseguir y utilizar información privilegiada que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alterar evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad, pero que en realidad estaban viciadas, todo lo cual se hacía para favorecer a los ‘clientes’.