Tras el crimen de cuatro niños en Florencia, Caquetá, el director General de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, propuso este domingo abrir el debate sobre la pena de muerte para quienes incurran en delitos atroces contra menores de edad.
Ese múltiple homicidio sumado a las acciones violentas de las que han sido víctimas otros niños en el país durante lo que va de este año, desató las intenciones por parte de diferentes funcionarios de promover una reforma constitucional para aplicar condenas más severas a este tipo de victimarios.
Así como Palomino, que pidió pena de muerte para asesinos de niños, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, también propuso que las sanciones sean más fuerte planteando la instauración de la cadena perpetua en el país en el caso del abuso sexual.
“La violencia sexual es un delito invisible, Colombia debe enviar un mensaje claro y contundente, cadena perpetua para los violadores de nuestro niños”, expresó Plazas, quien rechaza la pena de muerte y es una firme partidaria de que quienes cometan acciones criminales contra menores de edad estén de por vida en prisión.
Sin embargo, expertos en Derecho consultados por Colprensa a propósito de la propuesta del general Palomino y de Plazas, aseguran que no es viable aplicar estas medidas en el país por muchas razones, entre ellas porque Colombia es un Estado democrático que debe defender la vida.
“Pena de muerte es inviable”
Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, aseguró que el país no puede incluir la pena de muerte en sus condenas debido a que se han suscrito varios tratados internacionales que prohíben esta condena, además de que la tradición jurídica nacional no lo permite.
“La pena de muerte está prohibida en Colombia desde 1903 y eso debe respetarse”, señaló Ibáñez añadiendo que esa no es la solución para los problemas jurídicos porque, según él, la ley de la nación tiene suficientes medidas para que se haga justicia contra los criminales.
“Las penas en el país pueden llegar hasta 60 años y el promedio de vida de una persona es de 70 años, entonces esa sanción es casi que una cadena perpetua. Lo que se necesita es que todas esas medidas que existen ahora se apliquen correctamente sin que haya que recurrir a una reforma constitucional”, aseguró el expresdidente de la CSJ.
El penalista agregó que las condenas a muerte son muy delicadas debido a las fallas judiciales que existen en el territorio nacional pues se podrían aplicar a inocentes. En ese sentido, aseguró además que Colombia no debe unirse a los territorios que aceptan la muerte como castigo, porque “en un Estado democrático no puede existir pena de muerte, porque el Estado es el garante de la vida y no el dueño de la misma”.
Por su parte, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, estuvo de acuerdo con Ibáñez en que la pena de muerte no es ni será nunca la solución a los crímenes “horrendos” que puede tener el país; aseguró que lo que se necesita es que haya una efectiva aplicación de la ley sobretodo cuando involucra niños.
Gallón afirmó que la discusión sobre la pena de muerte "es muy amplia" pero que ese tipo de sanciones "es contraria a los Derechos Humanos", y señaló que la corriente universal va en esa dirección y que es justamente por eso que la mayoría de países no acepta la pena capital pues los que la asumen "son objeto de crítica por la comunidad intencional".
“Es entendible -agregó Gallón- que la primera reacción sea que las personas paguen con sus vidas por estos hechos atroces, pero esa no es la solución porque sea como sea, se le quita la oportunidad de reparación, reintegración y redención a las personas”, dijo el jurista.
Respecto de la propuesta de Cristina Plazas, sostuvo que tampoco se debe pensar en cadenas perpetuas, ya que "es casi igual a una pena de muerte porque es una muerte en vida”.
Estado se pronuncia
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también se refirió a las propuestas presentadas por Plazas y Palomino, señalando que aunque en el sistema penitenciario del país existen muchas fallas, eso no obliga a que se piense en pena de muerte o cadena perpetua para los criminales colombianos.
“Es un imposible constitucional, no es permitida por nuestra Constitución, y los países que la tienen, la han reconsiderado. No estoy de acuerdo con que la solución a este tipo de temas sea la pena de muerte, lo fundamental es la efectividad de la pena y la certeza de la actuación de la justicia y una verdadera política de resocialización, hay que invertir más en ella”, dijo el Fiscal.
Así mismo, aun cuando el Director de la Policía aclaró que no propuso implementar la pena capital a victimarios de niños sino la condena perpetua, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que por ahora el Gobierno no contempla la posibilidad de presentar un proyecto para implementar la pena de muerte.
Sin embargo, señaló que sí se estudiará en la agenda legislativa un referendo para aprobar la cadena perpetua en este tipo de delitos contra menores.
“No hay que distraernos en un debate sobre cambiar la legislación sobre esos efectos (…) hay una iniciativa en cuanto al referendo de la cadena perpetua, eso vamos a evaluarlo en los próximos días para definirlo dentro de la agenda legislativa”, comentó Cristo.
El jefe de la cartera Política, al igual que los expertos juristas están de acuerdo en que el país por ahora no necesita una reforma constitucional, ya que la legislación colombiana sí es drástica ante los delitos cometidos contra menores de edad, pero coinciden en que se necesita una aplicación más oportuna de la justicia y de las autoridades de investigación.
Eso mismo argumentó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien consideró que "no es necesario apelar a figuras de esa naturaleza (pena de muerte) para impartir justicia y combatir la impunidad".
El funcionario manifestó que ya existen las herramientas jurídicas para impartir sanciones ejemplarizantes, sin que haya necesidad de acudir a modalidades ya proscritas en otras democracias, como sucede con la pena de muerte, abolida en la mayor parte de Europa y actualmente en proceso de revisión y desmonte en Estados Unidos.
