martes 15 de septiembre de 2020 - 10:10 AM

Estado fue condenado a pagar 23 mil millones a familiares de diputados del Valle

Más de 23 mil millones de pesos debe pagar el Estado a los familiares de los diputados del Valle que fueron secuestrados por la extintas Farc, en abril de 2002. La decisión es del Consejo de Estado que examinó un cúmulo de demandas de reparación, que interpusieron los allegados a los exfuncionarios, hoy fallecidos.
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“Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía nacional, a pagar la suma de $23.004.340.598,63 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal”, reseña el fallo.

Del mismo modo, la corporación ordenó el pago de las indemnizaciones individuales, y como acto de reparación el Ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional, en un acto público deberán aceptar la responsabilidad del hecho.

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El acto deberá incluir una petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de los 11 diputados fallecidos en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por los hechos ocurridos el 18 de junio de 2007, en la vereda San José de Tapaje del municipio de El Charco (Nariño). La reparación tendrá como fin exaltar la dignidad humana de estos funcionarios, con la presencia de sus familiares.

Además de eso, las entidades demandadas deberán construir un monumento conmemorativo en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para preservar la dimensión objetiva de los derechos gravemente lesionados y dar muestra de la firme voluntad estatal de que lo acontecido no volverá a repetirse.

“Así mismo, y como garantía de no repetición, el Ministerio de Defensa y Policía Nacional desde la ejecutoria de la presente sentencia, realizarán capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales según los estándares convencionales y constitucionales. Se obliga a estudiar este fallo en todos los cursos de formación y ascenso del Ejército Nacional (Policía Nacional)”, dice el documento.

Asimismo, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría y la Fiscalía con el fin de que investiguen, disciplinaria y penalmente, a los agentes estatales involucrados en los hechos mencionados en la sentencia, si esto aún no se ha hecho.

El caso

La condena al Estado se registró por cuenta de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 cuando un grupo de militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, utilizando prendas militares, irrumpieron en las instalaciones de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, diciendo a viva voz que se realizaría un atentado en esas dependencias y fingieron pertenecer al Batallón Numancia del Ejército Nacional.

Ese día se tomaron las instalaciones, se dirigieron a los diputados manifestándoles que como miembros del Ejército los iban a proteger y en razón de ello, valiéndose de engaños, los guiaron para que tomaran una buseta que ya tenían dispuesta a las afueras de la edificación.

Se dirigieron por la ruta sector rural de Peñas Blancas, con destino a los Farallones de Cali logrando tomar como rehenes a los diputados: Francisco Javier Giraldo, Ramiro Echeverry Sánchez, Carlos Alberto Charry, Juan Carlos Narváez Reyes, Héctor Fabio Arismendi, Carlos Alberto Barragán, Sigifredo López Tobón, Nacianceno Orozco Grisales, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Edison Pérez Núñez y Rufino Varela.

El secuestro de los diputados se realizó entre el 11 de abril de 2002 hasta el 18 de junio de 2007, última fecha en que se conoció la noticia de que once de los doce diputados en cautiverio fueron asesinados a manos del grupo armado. Solamente Sigifredo López logró salir con vida y continuó en poder del grupo ilegal hasta el 5 de febrero de 2009, momento en que fue liberado.

Por estos hechos, los familiares de los diputados instauraron, en el curso del cautiverio, demandas de acción de reparación directa reclamando la indemnización por causa del secuestro de los asambleístas, en las que se declaró la responsabilidad del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

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