En la Cámara y el Senado está rodando un plan que busca otorgarles la libertad a los jóvenes que fueron capturados en el marco de las protestas de 2021. Esta sería la cruzada del petrismo para lograrlo.
La Cámara de Representantes y el Senado de la República están trabajando en una comisión que busca sacar a los detenidos de la primera línea que todavía están en las cárceles.
Esta iniciativa liderada por congresistas como María José Pizarro y el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz ya tiene un plan para hacer un diagnóstico de la situación carcelaria y jurídica de los jóvenes detenidos en el marco de las protestas de 2021.
Dentro de las acciones que han llevado a cabo, la comisión ha visitado al rededor de diez cárceles de 17 sitios de reclusión a nivel nacional.
Otra de las acciones que tienen contempladas en el plan tiene que ver con impulsar una comisión interinstitucional para analizar cada caso y la posibilidad de pedir la revocatoria de las medidas de aseguramiento.
“Queremos revisar cada caso y retirar los cargos porque hay algunos procesos donde todas las declaraciones contra los jóvenes son solo de policías, esas son las únicas pruebas de cargo. Hay otros casos que no tienen pruebas”, explicó Uribe Muñoz.
Desde el Senado también se están adelantando acciones de corto, mediano y largo plazo con el objetivo de aportar a esta comisión. Dentro de los planes inmediatos está generar un informe que identifique a los procesados por delitos en el marco de la protesta y un contexto amplio de su situación incluyendo las medidas de aseguramiento.
A mediano plazo, desde el Congreso se buscarán fórmulas jurídicas que permitan la excarcelación de jóvenes que, según la senadora María José Pizarro, estén detenidos injustamente y aclaró que será un trabajo conjunto con las organizaciones de Derechos humanos y defensores de los capturados.
“A largo plazo queremos que esto de pie a la revisión de proyectos de ley que puedan surgir para regular la protesta social y pensar en figuras de brinden protección a las personas que protestan de manera pacífica. Además, permitir una discusión de la fallida política criminal que va en contra vía de lo establecido por la Corte Constitucional y la convención de Derechos Humanos que ha generado toda una política de criminalización”, relató Pizarro.
¿Habría amnistía para los detenidos en la protesta?
Según el representante Alirio Uribe Muñoz, desde la Cámara están contemplando la posibilidad de analizar la parte jurídica y pensar en una ley de amnistía para inocentes o indulto, aunque también explicó que legislativamente el plan va en las primeras etapas porque todas las medidas van a depender de la situación real que dicte finalmente el censo carcelario.
Frente al tema de una amnistía para los jóvenes de primera línea, la senadora Pizarro aclaró que “como congresistas solo podemos emitir recomendaciones y un informe para lograr avances en la excarcelación. Esa es la labor de nosotros. Vamos a hacer una revisión de los casos y estableceremos una dinámica de trabajo para estar al día con los avances que tiene hasta ahora en la Cámara”.
“El objetivo es usar el derecho penal para transitar hacia la justicia restaurativa siendo parte de las formas para alcanzar la paz total”, añadió la senadora.
El pasado 6 de septiembre, la comisión accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de personas capturadas en el marco de la protesta citó a los jóvenes capturados para asistir a una audiencia pública en el Congreso con el objetivo de revisar las garantías y las violaciones a los Derechos Humanos. A este encuentro también asistieron organizaciones sociales, defensores y representantes de la ONU, pero no hicieron presencia ni la Fiscalía ni la Procuraduría.
Juliette de Rivero, delegada para Colombia de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la ONU, concluyó que el uso de delitos como concierto para delinquir y terrorismo no son adecuados para sancionar las conductas violentas que se presentan en el marco de una protesta, y que por el contrario, es una tipificación exagerada.
A la par de esta conclusión, recientemente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, planteó una propuesta que levantó revuelo porque buscaría impulsar una reforma para no judicializar las capturas que se den en las protestas bajo esos delitos.
Este anuncio de Osuna ante los magistrados de la Corte Constitucional durante su encuentro anual en Villa de Leyva, Boyacá, expone que el ministro llevará al Congreso una reforma legal para “eliminar la penalización de la protesta social”, argumentando que quienes son capturado durante las protestas pueden ser criminalizados por “la forma como un juez o un fiscal interpretan la conducta que cometieron”.
