viernes 15 de noviembre de 2019 - 12:00 AM

Exalcaldes y exgobernadores, a juicio fiscal por Hidroituango

Según la Contraloría, esas “mayores inversiones no justificadas destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido desde su línea de base”.
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Mediante auto de apertura del 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4 billones contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.

Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos gobernadores de Antioquia y varios contratistas.

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La suma del detrimento patrimonial se discrimina así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas del primer año gestión del contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba.

Los implicados

Los presuntos responsables, según la Contraloría, son los exrepresentantes legales de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, además del actual gerente Jorge Londoño De la Cuesta.

Asimismo, aparecen Aníbal Gaviria Correa y Alonso Salazar Jaramillo (en sus calidades de Alcaldes de Medellín para la época de los hechos) y Sergio Fajardo Valderrama y Luis Alfredo Ramos (en sus calidades de Gobernadores de Antioquia para la época de los hechos).

También están en la lista de presuntos otros 17 responsables fiscales —la mayoría miembros de juntas directivas de EPM y de la sociedad Hidroituango— y 12 firmas entre contratistas, consorcios y aseguradoras.

Según la Contraloría las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues “obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables”.

¿Qué sigue?
Tras culminar el proceso de notificación de este auto de apertura, el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar.
Después de este trámite, la Contraloría procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con los establecido en el artículo 46 de la Ley 610 de 2000 (archivar o imputar).
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