miércoles 13 de octubre de 2021 - 7:40 AM

Exsecretaria general de Mintic fue “negligente y poco prudente”: Procuraduría

Está listo el pliego de cargos en el ente disciplinario contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, exfuncionaria de Mintic y una de las involucradas en escándalo de Centros Poblados.
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“Quiero darle la bienvenida al equipo de trabajo a mi coequipera de mil batallas, Adriana Meza Consuegra. Es un gusto contar con el apoyo, profesionalismo y experiencia de una gran mujer, en esta nueva etapa en el Ministerio TIC Colombia”.

La frase es del 7 de mayo de 2020 y aparece en la cuenta personal de Facebook de la entonces ministra, Karen Abudinen. El mensaje fue acompañado de varias imágenes en las que se ve a Meza Consuegra jurando en la posesión de su cargo. Hoy, las dos coequiperas están metidas en el escándalo de Centro Poblados que tiene embolatados $70.000 millones de un anticipo.

En la foto están la exministra Karen Abudinen y Adriana Vanessa Meza Consuegra. (Colprensa/foto tomada de redes sociales)
En la foto están la exministra Karen Abudinen y Adriana Vanessa Meza Consuegra. (Colprensa/foto tomada de redes sociales)

Meza Consuegra, en su calidad de secretaria general del Ministerio, ya está en la mira de la Procuraduría. El pliego de cargos que le tiene el Ministerio Público detalla las presuntas faltas que pudo cometer en el proceso contractual de Centros Poblados. Esta es la historia.

Dice el ente de control que Meza aparentemente desconoció “los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal” en la adjudicación del millonario contrato.

El capítulo dedicado a Meza se inicia con un detalle que no es menor. En la hoja de vida que el Ministerio le envió a la Procuraduría está consignado que su formación de pregrado es como comunicadora social. Sin embargo, en el Sigep, el sistema de información que registra los datos del empleo público en Colombia, aparece otro currículum en el que Adriana Vanessa aparece como ingeniera industrial.

Al respecto, en el pliego de cargos se advierte que esta situación deberá ser “clarificada en fase de juzgamiento y acorde con las calidades exigidas en el manual de funciones de la entidad para el cargo desempeñado”.

El documento en el que se describe las conductas irregulares que, a consideración de la Procuraduría, cometió la funcionaria está fechado en septiembre 22 y fue recopilado por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.

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Uno de los hechos en los que repara esta Delegada es la orden que se dio para la apertura de la licitación que quedó en firme con la resolución 719 del 23 de septiembre del año pasado y su posterior adjudicación a la unión temporal en diciembre de 2020. Así como la celebración contractual en ese mismo mes.

En este punto, el ente de control disciplinario especifica que se firmó el contrato “con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas, desconociendo los principios de economía en el cual se halla inmerso el principio de planeación, de responsabilidad y transparencia que rigen en las actuaciones contractuales”.

De acuerdo con la tesis que persigue la Procuraduría, Adriana Vanessa, la pomposa coequipera de Abudinen, que renunció a su cargo el pasado 7 de septiembre, estaría detrás de haber bajado en ocho puntos porcentuales el indicador de patrimonio financiero en el pliego de condiciones. Así las cosas, al reducir del 18% al 10% Centros Poblados pudiera continuar en carrera por la jugosa licitación.

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En palabras más sencillas, el requisito financiero referente al patrimonio, se suavizó disminuyendo su valor del 18% del presupuesto oficial, al 10%.

Según el documento, fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador del proceso contractual, “sin que para tales modificaciones contaran con los estudios y análisis suficientes”.

La Procuraduría advierte que, de no haberse hecho la modificación, Centros Poblados no habría cumplido con el requisito financiero, en razón que lo acreditado por la Unión Temporal era de 123.616'616.524,00, lo cual representa apenas el 11,60% del presupuesto de la región A, que cuenta con $1"065.564'968.972,00 y el 11,53% del presupuesto de la región B $1"072.552'301.475,00.

Además, el pliego de cargos es contundente en advertir que lo anterior, “facilitó la participación del oferente UT Centros Poblados”, a pesar de que no reunía la capacidad jurídica y financiera, capaz de garantizar las obligaciones establecidas en el contrato.

“Negligente y de poca prudencia”

El pliego de cargos que enfrentará la exfuncionaria de Mintic califica su conducta como una falta gravísima. Entre los alegatos que mostrará la Procuraduría para buscar una sanción, se determina que Adriana Vanessa, “al parecer olvidó que como responsable del proceso de contratación que ejecutaba y materializaba una política pública e involucraba más de dos billones de pesos colombianos no podía obrar de manera ligera, sin la mínima y elemental diligencia, con total desdén y pasividad”.

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Ante esta descripción que hace el ente de control, le anticipan a la exfuncionaria que no puede pretender escudarse en que existían unos encargados del trámite de revisión, como se ha visto en otros procesos en los que altos funcionarios buscan salvarse achacando culpas a mandos medios o inferiores.

“Resulta indiscutible que, en virtud de su cargo, de la delegación efectuada, de las competencias comportamentales que le exigía el nivel directivo que ostentaba, según el manual de funciones, sí debían adoptar un liderazgo efectivo, amén de su experiencia profesional y formación académica”, sostiene el documento.

Así mismo, el ministerio público repara en que había distintas circunstancias que desvelaban “desde muy temprano en la licitación 038 de 2020, la conducta de la Unión Temporal Centros Poblados, pero pese a la magnitud del proyecto, se dejaron de lado importantes detalles, que no pueden considerarse insignificantes como que ningún establecimiento financiero o asegurador aceptaba asegurar al grupo de empresas, como lo informó el representante legal de la Unión Temporal al Ministerio cuando solicitó prorrogar el plazo para la presentación de la garantía”.

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En el pliego, la Procuraduría asegura que existió una tardanza de la Unión Temporal en presentar los documentos necesarios para la ejecución del bilateral y no se tomaron las acciones ante el banco supuestamente emisor de la garantía de seriedad de la oferta.

“Si bien la garantía de seriedad no tenía documentos adjuntos, la verificación de la capacidad y representación legal del funcionario del Banco, a través de una llamada o un correo electrónico, habría advertido tempranamente que estaban ante un oferente que le presentó a la administración documentos adulterados”, advierte la Procuraduría.

Según el documento, los funcionarios a cargo de Meza hicieron una observación relacionada con que no estaba acreditada la representación legal de dos compañías, pero no se detuvieron a verificar que la garantía de seriedad de la oferta no tenía soporte alguno que acreditara la representación legal del Banco Itaú, “ni de la autorización para expedir el documento, ni autenticación de la firma de quien lo suscribía y tampoco obran directrices, instrucciones o disposiciones”.

“De haberse obrado con elemental cuidado y atención se hubiera, al menos, y de manera mínima requerido verificar que se entregara el documento original de la garantía de seriedad, comunicándose de forma directa con el banco para advertir que de ser necesario se haría efectiva la garantía de seriedad (...) se habría puesto en evidencia la falsedad del documento evitando lo ocurrido con el anticipo, pues su recuperación en este momento es dudosa toda vez que está huérfano de aseguramiento”.

El ministerio público también le cuestiona a Meza Consuegra su falta de experiencia, pues aseguran que en su carrera profesional solamente tuvo un paso como jefe de oficina en la alcaldía de Barranquilla, entre el 27 de enero de 2016 y el 08 de agosto de 2017.

“Por lo demás, fue profesional especializada, contratista y asesora de algunas entidades del estado, razón por la cual, su formación académica y experiencia en cargos de dirección, no evidencian un amplio recorrido o bagaje en la dirección de procesos de selección”.

El despacho asegura que es “incomprensible” como Meza no fue prudente y diligente, sabiendo que no era experta en contratación y que llevaba pocos días en el cargo de secretaria general, que no haya realizado, cuando menos, una acción tendiente a contratar expertos que le ilustraran a ella en particular, en las implicaciones del proyecto.

“Tenía un proyecto de más de dos billones de pesos para beneficiar, por alrededor de una década, cientos de miles de personas a lo largo del territorio nacional; 2) que ese proyecto se encontraba estructurado con documentos técnicos, financieros y jurídicos que el MINTIC recibió a satisfacción, por los que pagó más de 2 mil millones de pesos y en cuyo contenido, se encontraban, entre otras, la cantidad de 10.000 centros digitales, el modelo financiero y presupuestal, los requisitos habilitantes y los factores de ponderación”.

En lo que también reparó la Delegada es que se obviaron las recomendaciones y conclusiones que entregó el consorcio Telbroad Profit a quien le encargaron definir el proceso contractual desde un punto de vista técnico, financiero y jurídico. El documento entregado fue modificado para allanarle la senda de la adjudicación a Centros Poblados.

Hablando Meza, dice el pliego de cargos que “por su negligencia o poca prudencia, se configuraron, en forma sistemática, una serie de conductas irregulares en el marco de la licitación pública FTIC-038-2020, que en su orden, le abrieron el camino a la Unión Temporal Centros Digitales Colombia 2020 a participar en el proceso de selección, presentar documentos espurios, aprovechar los nuevos factores de ponderación incluidos y recibir la adjudicación de un contrato por cuantía superior a un billón de pesos que en las condiciones previstas en los productos entregados por el consultor, Consorcio TELBROAD-PROFIT, no le habría sido posible ganar”.

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