miércoles 22 de mayo de 2019 - 8:02 AM

Fiscal ad hoc entregará revelador informe de gestión

La Fiscalía General de la Nación ya podrá investigar en su totalidad el caso Odebrecht. Así lo decidió ayer la Corte Suprema de Justicia al aceptar la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez (quien se había declarado impedido) y revocar la figura del fiscal ad hoc, que venía desempeñando el abogado Leonardo Espinosa.

Sin embargo, antes de hacer maletas y dejar el cargo, Espinosa presentará a la Corte un revelador informe de las acciones adelantadas durante los cinco meses que duró su gestión, que contiene serias denuncias por las que Martínez, hoy en Estados Unidos, tendría que responder.

En un borrador del documento, dado a conocer ayer por Blu Radio, Espinosa señala varias posibles omisiones que funcionarios de la Fiscalía habrían cometido antes de que el caso fuera asignado a su despacho y de las que Néstor Humberto Martínez habría tenido conocimiento.

La primera tiene que ver con el proceso contra el excongresista Otto Nicolás Bula. Según Espinosa, los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández y Álvaro Betancur, no imputaron a Bula los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, aún cuando otros vinculados al caso, que habrían incurrido en las mismas conductas, ya fueron acusados o imputados.

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Por este motivo, señala el documento, el fiscal ad hoc compulsó copias el pasado 7 de marzo, para que el entonces jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema y hoy fiscal general encargado, Fabio Espitia, investigara a Hernández y Betancur.

Delitos que desaparecieron

El segundo hallazgo que hace Espinosa en su informe también lo puso en conocimiento de Espitia. Según consta en el documento, “como soporte de la compulsa de copias, también se hizo referencia a las irregularidades halladas en el proceso que se sigue contra los empresarios Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar, Gustavo Torres y Federico Gaviria, a quienes se les removieron delitos de manera unilateral y sin acudir a la figura de la preclusión, aunque habían sido debidamente formulados en la audiencia de imputación”.

Además, manifiesta Espinosa, se evidenció una “relación insuficiente de hechos jurídicamente relevantes para los cargos que eran objeto de la acusación”.

De acuerdo con el fiscal ad hoc, los fiscales Hernández y Betancur, responsables de dichas posibles omisiones, están registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio como indiciados por el delito de prevaricato por acción.

Sobre los actuales avances en el caso de los cuatro empresarios, el informe da cuenta de 28 sesiones de acercamiento con ellos y sus defensores, para confeccionar un preacuerdo que les permita colaborar con la justicia, a cambio de la “humanización de la pena”, en relación con la reparación simbólica que tendrían que hacer en beneficio de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

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No obstante, señala, la audiencia para individualizar las penas de Zambrano y Gaviria, ha sido aplazada en cinco oportunidades “por hechos o circunstancias ajenas al fiscal ad hoc”. La cita fue programada por sexta vez, para el próximo 25 de junio.

Brasileños en la mira

En su tercer señalamiento, Espinosa manifiesta que el pasado 22 de abril envió una carta a Nestor Humberto Martínez manifestándole inquietudes sobre los procesos contra los brasileños, representantes de Odebrecht, Eder Ferracuti, Mauricio Marangoni y Amilton Hideaki Sendai.

Martínez aseguró el 25 de julio de 2017 que “la Fiscalía tiene órdenes de captura contra los tres extranjeros y el propósito es que concurran a Colombia”. Sin embargo, tres días después, se conoció que los brasileños habían salido del país desde abril.

El informe asegura que las órdenes de captura no fueron registradas, “lo que impidió que se libraran las correspondientes circulares azules por parte de Interpol”, por lo que el pasado 25 de abril se solicitó el registro “para que se emitan las boletas internacionales”.

Espinosa indicó que, pese a que ya ha transcurrido casi un mes desde que advirtió a Martínez las posibles irregularidades, “de esta comunicación no se recibió respuesta por parte del entonces fiscal general”, quien dio a conocer a la opinión pública su renuncia el pasado 15 de mayo.

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