sábado 10 de marzo de 2018 - 5:35 PM

Fiscalía incautó un yate con fines de extinción de dominio en caso Interbolsa

Las investigaciones revelaron que la embarcación, de modelo 2007, presuntamente cumplió con los registros para estar en territorio colombiano, pero durante el año 2011, habría sido trasladada a Panamá.
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La Fiscalía General de la Nación en la tarde de este sábado incautó un yate con fines de extinción de dominio a Tomas Jaramillo investigado por el desfalco financiero en el caso Interbolsa.

“En las últimas horas, fue detectado el ingreso de la embarcación a aguas colombianas, así que personal de policía Judicial de la Fiscalía, con apoyo de la Armada Nacional, se dirigió a la Marina Internacional de Santa Marta (Magdalena), y allí encontraron el yate”, dijo la Fiscalía.

Por su parte, el ente acusador decomisó la embarcación y quedará a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

De acuerdo con la Fiscalía, “los elementos recopilados hasta el momento han permitido establecer que Inversiones Jaramillo Botero y Compañía, empresa de la que haría parte Tomás Jaramillo, compró el yate en 2010, por un valor cercano a los 773.000 dólares, algo más de $1.450’000.000; y posteriormente fue traspasado a la compañía Gaia Maritime Inc”.

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El yate, llamado inicialmente Gaia, fue cambiado dos veces de nombre, primero a Gaia I y luego pasó ser Kyeye, dichos actos habrían distraído a las autoridades y de esta manera evitó su rastreo y ubicación.

Dicha incautación se suma a la realizada el pasado 28 de febrero donde fueron ocupados once bienes avaluados en más de 18.000 millones de pesos. Los bienes afectados estaban ubicados en Bogotá, Medellín (Antioquia) y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta).

Los antecedentes del descalabro

El grupo Interbolsa empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales del año 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Una de las anomalías descubiertas consistía en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y demás autoridades, en realidad era un elaborado esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.

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Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado colaboración internacional para intervenir otros bienes que estarían ubicados en el exterior.

Las diligencias judiciales por este caso se han aplazado en más de 25 ocasiones, por lo que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Marínez, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura se asignara un juez especifico para adelantar el acto judicial, sin embargo, pese a dicha petición, el proceso no ha avanzado, por lo que se presume que habría un prescripción por los delitos imputados en este caso.

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