martes 21 de septiembre de 2021 - 7:00 PM

Fiscalía pidió medida de aseguramiento en una cárcel contra Emilio Tapia

La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en una cárcel contra Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, tras imputarlos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documentos privados. En la audiencia se revelaron las reuniones que se hicieron en Medellín y Bogotá.
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En medio de una larga audiencia, la Fiscalía de la Dirección Anticorrupción pidió al juez 53 de control de garantías de Bogotá, enviar a la cárcel al contratista Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, tras imputarlos por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

En la solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso dio a conocer algunas reuniones que se hicieron en Bogotá y en Medellín, para planear la adjudicación del contrato de los hoy detenidos con Centros Poblados.

Se puso en evidencia que en el barrio El Tesoro, en Medellín, se pretendía realizar una reunión con Jorge Alfonso Molina, quien habría sido contactado por Tapia y Laverde, para conseguir la póliza falsa.

Lea también: Emilio Tapia estaba detrás de empresas que formaban Centros Poblados: Fiscalía.

Molina dijo que fue contactado por un abogado identificado como Daniel González, quien le insistió que asumiera toda la responsabilidad de las garantías falsas, porque detrás de los hechos había gente ‘muy poderosa’, por lo cual lo habrían citado en un Juan Valdés de la zona, para que rindiera un falso testimonio y dijera que había sido él quien engañó a Centros Poblados.

Por otro lado, la Fiscalía aseguró que Emilio Tapia contactó a un empresario, para integrar la Unión Temporal, al mismo tiempo ubicó a Juan José Laverde, corredor de seguros, quien se encargó de encontrar a los intermediarios: Jorge Molina y Jorge Enrique López, y así obtener las supuestas garantías bancarias.

En la presentación, la Fiscalía también mostró varios chats en los que el ente acusador aseguró que Juan Carlos Cáceres Bayona, quien está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía y es fundador de Novotic, empresa que hace parte de Centros Poblados, hablaba de las nóminas de los empleados con Emilio Tapias.

La Fiscalía aseguró que Emilio Tapia fue quien presentó a Juan Carlos Bayona, socio de Novotic, los nombres de ICM ingenieros y las demás empresas que ahora conforman Centros Poblados, por lo que ‘en la sombra’ habría sido Tapia quien orquestó todo para la adjudicación.

“Ustedes, señores Emilio Tapia y Juan José Laverde falsificaron la garantía bancaria suscrita por Duque, subiéndolo a la Secop, documento falso que sirvió de prueba para cumplir con el requisito de la contratación”.

Añadió que “era usted quien manejaba dichas empresas a través de terceros, encargándose de la garantía falsa con el fin de que el MinTic adjudicara el contrato”.

En las conversaciones presentadas en la audiencia, hablan de consignaciones de dinero para el desarrollo del proyecto y el pago de nómina de las personas que habían sido contratadas. Además, hablan de adquisición de camionetas para trasladar al personal que iría a las regiones a instalar los equipos para aumentar la cobertura de internet. Se observa que Cáceres Bayona se refiere a Tapia como socio.

Lo anterior, según expuso la Fiscalía, evidencia que Tapia no era un asesor del proyecto, ni una persona lejana del mismo, sino que tenía un papel protagónico en el contrato y en el manejo del dinero y los recursos.

“Con las conversaciones se demuestra que sí realizó todas las transacciones comerciales, los pagos que hizo Tapia y la relación directa para el desarrollo del contrato”, dijo la fiscal. Así mismo, aseguró que Tapia y los demás detenidos “indujeron” a un error a las personas encargadas de vigilar el proyecto.

Así mismo, la Fiscalía anunció que hay una segunda fase en la investigación por el delito de peculado, en donde se determinará cómo se utilizó el dinero del anticipo.

La Fiscalía también reveló que en el interrogatorio a Juan Carlos Cáceres, él dijo que Luis Fernando Duque tuvo que ver con la adquisición de las garantías de cumplimiento falsas, “fue la persona que se encargó precisamente eso con el señor Juan José de buscarlas”.

El ente acusador aseguró que es falso que Duque no tuvo contacto con los representantes de las empresas y que con la experiencia él tiene en la adjudicación de este tipo de proyectos, es difícil creer, como lo ha dicho, que firmó teniendo la confianza de que no había nada irregular.

Por lo anterior, la fiscal solicitó cárcel para los procesados, “teniendo en cuenta estos hechos lastimosamente de corrupción que afectan al conglomerado social”, y agregó que “pueden obstruir las acciones de la Fiscalía para acreditar las conductas”.

Sobre Tapias agregó que es claro que sabe como manejar la contratación de manera fraudulenta: “hay una influencia y una capacidad de maniobra, lastimosamente, con la contratación Estatal de parte del señor Emilio (Tapias), que a través de empresas en las cuales él no figura además infiere su posible capacidad de obtener contratación direccionada en entidades públicas, su señoría”.

El ente acusador aseguró que en la licitación hubo una clara definición de roles entre los investigados para el despliegue las conductas delictivas. “El señor Emilio (Tapia) era la persona que manejaba esa parte financiera y que a través de terceros manejaba las empresa, el señor Juan José Laverde sacó la garantía falsa para poder obtener ese contrato millonario y no escatimó en conseguir documentos falsos”.

Para probar que los ahora capturados representan un peligro en la investigación, la Fiscalía advirtió que el proceso penal apenas arranca y tienen evidencias de otras licitaciones donde aparentemente Emilio Tapia participa, a través de terceros, y que fueron objeto de compulsa de copias, principalmente una con Emcali, donde, al parecer, también se presentaron garantías bancarias falsas.

Para finalizar, la fiscal le dijo al juez de garantías que los ahora capturados representan un peligro para el proceso y la comunidad, que deben estar en una cárcel, ya que se pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias.

La audiencia fue suspendida tras petición de los abogados defensores de los detenidos y se reanudará el próximo viernes a las 8 de la mañana.

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