Esta jurisdicción dejará de ser una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional para constituirse como entidad autónoma. Los ministros de Justicia y Defensa y el presidente de la Corte Suprema harán parte de su consejo directivo.
En la tarde de este miércoles el Presidente de la República firmó los decretos 312, 313 y 314 que crean la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
Con estas normas, se da cumplimiento a lo dispuesto por el Congreso de la República hace ya más de una década, con la Ley 1407 de 2010 o Código Penal Militar, para la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en la jurisdicción castrense, para lo cual era indispensable estructurar la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, concebida hace un lustro con la Ley 1765 de 2015.
Puede leer: A sanción presidencial la Ley que regula el trabajo en casa.
Según el ejecutivo, la Jurisdicción Especial deja de ser una dependencia interna del Ministerio de Defensa Nacional y se constituye en una entidad autónoma, cuyo objeto fundamental es administrar la Justicia Penal Militar y Policial, velar por su organización y funcionamiento.
“La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial ha sido dotada de autonomía administrativa y financiera, personería jurídica y patrimonio propio. El adecuado y eficaz ejercicio de la función jurisdiccional solo se concibe con un órgano de administración, así como con un ente directivo que defina las políticas, planes, programas y proyectos que deben implementarse para optimizar el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos constitucionales y legales; así también lo concibió el legislador”, indicó el gobierno.
Los decretos indican que el nuevo Consejo Directivo de esta entidad contará con la participación de los ministros de Defensa, de Justicia y del Derecho, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, corporación que hace parte, además, de la estructura jurisdiccional de la Justicia Penal Militar.
La nueva Unidad, además, cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, de tal manera que esta jurisdicción especial pueda conocer avances en técnicas de investigación, procesos, procedimientos, sistemas, tecnología, etc. Ello le permitirá a la Justicia Penal Militar y Policial, entre otras, capacitar a sus funcionarios.
“Se optimizará el traslado de casos entre las dos jurisdicciones e, incluso, el trabajo desde la recepción de las noticias, por cuanto el 50% de los casos que ingresan a la justicia castrense provienen de la Fiscalía General”, indica una de las disposiciones.
Además, explica el gobierno, “con el Decreto 1768 de 24 de diciembre de 2020, se establecieron las nuevas y definitivas fases para la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio, las cuales inician el 1° de enero de 2022, con un piloto en Bogotá y la implementación definitiva del procedimiento en esta ciudad para julio de 2022, y así sucesivamente en diferentes regiones hasta el año 2025”.
Esta unidad, a juicio del Ministerio de Defensa, “cumplirá el compromiso histórico de modernizar la Justicia Penal Militar y Policial, cuya implementación está dispuesta en la referida Ley 1407 de 2010. Actualmente, se avanza en la planeación para tales efectos”.
Por último, el gobierno indicó que con “la implementación del nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, como reto de la Unidad Administrativa Especial, se constituye en la verdadera innovación de esta jurisdicción, por cuanto se dejará atrás el sistema inquisitivo y se dará paso a la estructuración de las instituciones esbozadas en el Código Penal Militar, tales como, la Fiscalía General de la Justicia Penal Militar y Policía, y el Cuerpo Técnico de Investigación especializado, sin las cuales no podría cumplirse la tarea de armonizar la investigación, acusación y juzgamiento en Colombia, bajo el mismo sistema que en la Jurisdicción Ordinaria”.
