martes 18 de septiembre de 2018 - 1:45 PM

Gobierno radicó otros ocho proyectos anticorrupción

Una vez el presidente Iván Duque le dio el visto bueno a los proyectos de ley y de acto legislativo que se gestaron en la Mesa Técnica Contra la Corrupción, el Gobierno radico al medio día de este lunes ocho propuesta adicionales para combatir este flagelo.
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La principal y más polémica es la que congela y luego reduce el salario de los congresistas. Para que sea aprobado se requiere una modificación constitucional del artículo 187. Solo empezaría a regir para el próximo periodo legislativo, es decir en 2022.

Entre estas iniciativas, que nacieron a raíz de la Consulta Anticorrupción, esta también la que busca incentivar la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación y del orden territorial.

Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, este crea audiencias adelantadas por el Congreso, asambleas o concejos, para que los ciudadanos conozcan el presupuesto, se deben hacer dentro del plazo de un mes.

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“Establece que en el Plan Operativo Anual de Inversiones tienen que especificarse el monto total de inversión departamental, la distribución sectorial de la inversión, la destinación urbana y rural, los programas que se implementaran en cada sector y la entidad competente para su ejecución”.

Otro proyecto de ley tiene pretende establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, diputados, concejales e integrantes de la JAL.

Y recogiendo otra de las preguntas de la Consulta, fue radicado otro que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos.

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En Cámara fue entregado otro por medio del cual se regulan las inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la terminación unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

Por último, está el proyecto de ley que fortalece las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la administración pública y se dictan otras disposiciones.

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