miércoles 02 de diciembre de 2020 - 12:00 AM

Grupos ilegales siguen reclutando menores

Recientemente ante la JEP, el excombatiente de las extintas Farc y actual senador Julián Gallo reconoció que la guerrilla reclutó menores de edad a la fuerza durante los 50 años de conflicto armado en Colombia, pero negó que se tratara de una práctica sistemática.
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Un reciente informe del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, da cuenta que “el reclutamiento forzado de menores durante los siete meses de pandemia se sigue registrando por cuenta de grupos al margen de la ley”.

De acuerdo con Camargo Assis, por parte de las disidencias de las Farc se tiene un 63% de los casos, también se tienen cifras del crimen organizado, las autodefensas desmovilizadas, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que continúan con esa práctica ilegal.

De los casos que corresponden a las disidencias de las Farc, tienen 54 casos documentados; seguidos por el Eln, con 6 casos. El resto de los casos reportados por el organismo de control corresponde a Autodefensas Gaitanistas, exparamilitares y otros grupos. Además, hay 10 casos en los que no se han identificado el grupo armado responsable.

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El informe también señala que la zona donde más se presentaron casos de reclutamiento fue en Caquetá, donde hubo 21 registros, entretanto, en Cauca se reportaron 19 casos; ocho en Putumayo; siete en Antioquia; seis en Arauca; cuatro en Chocó; tres en Amazonas; dos casos en Huila, Meta, Vichada y Nariño; y uno en Boyacá y Tolima.

Por su parte, la alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, habla sobre el trabajo que viene adelantando de sensibilidad en los gobernantes regionales y locales para articular desde las alcaldías y las personerías sistemas efectivos de protección para los menores en riesgo.

Reitera la alta consejera que más allá de que tratados internacionales los protege, el Eln, las disidencias de las Farc y otras estructuras como el Clan del Golfo siguen engrosando sus filas con niños entre los 14 y los 18 años.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué se hace desde el Gobierno para evitar el reclutamiento?
Nancy Patricia Gutiérrez:
Hay una estrategia que la hemos denominado ‘Súmate por mí’. Se identificaron 210 territorios en donde hay mayor riesgo de reclutamiento y el fenómeno es que hoy en día no solo se llevan a los niños de su casa, sino que también los utilizan para otras actividades de los grupos delincuenciales; entonces la política pública va encaminada a la protección contra el reclutamiento, la utilización y el abuso sexual que estos grupos hacen de los niños, niñas y adolescentes.
¿Estamos hablando de menores entre qué edades y de qué perfil?
NPG: Los niños a partir de los 9 años pueden ser reclutados o usados para efectos delictivos, pero la mayoría se concentra en adolescentes entre los 14 y los 18 años; muchos son inducidos a usar sus redes sociales o a vender droga en establecimientos escolares. Y utilizan muchas veces, de manera temporal, a los menores de edad que son proclives, precisamente, porque tienen unos entornos familiares no apropiados para garantizarles sus derechos.
¿Cuáles son las estructuras delincuenciales que siguen nutriendo sus filas con menores de edad?
NPG: Están la guerrilla del Eln, los diferentes frentes de las disidencias de las Farc y también el Clan del Golfo y todas las otras expresiones narcotraficantes que hay en el país, tanto grupos armados organizados como los grupos delincuenciales
¿Las cifras dicen que estamos igual o peor que antes del proceso de paz?
NPG: El fenómeno existe más o menos desde los años 80 y entre los años 80 hasta el 2000 hubo una cifra bastante elevada, luego en el año 2007 se creó la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y desde ese año se han hecho varios programas de prevención. Sin embargo, entre el 2011 y el 2020 hay una cifra de 4.581 niños recuperados por parte de Fuerza Pública, entonces eso demuestra que lamentablemente el fenómeno se ha mantenido en el tiempo. Entre el 2018 y el 2020 se han recuperado 1.509 menores, es decir, el 33% de la cifra total. Y en este último año, en el 2020, hay recuperados 446 niños por parte de la Fuerza Pública. Que quiere decir eso, que el fenómeno de reclutamiento se ha mantenido y ha sido constante.
¿En qué circunstancias fueron recuperaron esos menores?
NPG: Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a partir de información de inteligencia, de denuncias que se presentan o en medio de las operaciones que ellos tienen, van detrás de sacar a los niños, de rescatarlos con vida y de entregarlos al sistema de Bienestar Familiar. Hay casos de menores que en las ciudades hacen parte de organizaciones del narcotráfico, menores que los han ido reclutando bandas delincuenciales.
¿El reclutamiento en las ciudades tiene que ver con que los menores no son imputables? ¿Se ha pensado en cambiar la edad procesal?
NPG: Muchas veces los niños sin voluntad también son utilizados, están cohesionados o engañados, y terminan aparentemente bajo su propia voluntad accediendo a estos grupos. Pero cuando se aprobó el Código de Infancia y Adolescencia hubo un gran debate sobre el tema, pero precisamente la filosofía es que un adolescente o un niño o una niña que termina vinculado a la ilegalidad requiere un tratamiento especial y, por lo tanto, no debe ir a una cárcel, sino que debe reincorporarse a su familia.
¿Qué regiones del país son las que más le preocupan?
NPG: Coinciden exactamente con las zonas de mayor violación de derechos humanos, cultivos ilícitos, explotación ilegal de minerales y toda la cadena del narcotráfico.
Van desde el Catatumbo, atraviesa el sur de Córdoba, norte de Antioquia y hasta la costa Pacífica (Chocó, Valle, Cauca y Nariño) y se extiende hasta Arauca, en la frontera con Venezuela. Es como una ‘C’ que tiene el mapa de Colombia donde se concentran los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los homicidios de líderes sociales.
¿Cuál es la ruta de atención? ¿Qué puede hacer una familia que siente que su hijo está en riesgo?
NPG: Lo primero que debe hacer es acudir a la Policía Nacional, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el Sistema de Educación. Los profesores tienen la responsabilidad también de apoyar y hacen parte de esta Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento. Somos 22 entidades que tienen la obligación de, una vez se conoce la situación de riesgo, activar una ruta de protección que está ya definida.
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