domingo 22 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Guardianes de la niñez colombo-venezolana

Los niños migrantes tienen derecho a rencontrarse con su familia y los gobiernos de los países de acogida tienen el deber de realizar todas las gestiones para que esa reunificación suceda y lograr su protección integral mientras estén en su territorio. Por: LILIANA PULIDO VILLAMIL Subdirectora General ICBF

Lo anterior, más allá de los compromisos legales internacionales que ha suscrito el Estado colombiano como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas o la Convención de la Haya o de las recomendaciones de organismos como Unicef o Acnur que indican que los niños y niñas migrantes y refugiados en situaciones humanitarias no pueden ni deben ser adoptados.

Así lo ha hecho el ICBF desde siempre, en particular, frente al fenómeno migratorio desde 2019 cuando a través de un convenio con el CICR se ha gestionado el reencuentro de niños, niñas y adolescentes venezolanos con sus familias en ese país. Adicionalmente, hemos abierto en los últimos cuatro años más de 10.000 medidas de restablecimiento de derechos.

A pesar de los esfuerzos realizados hasta hoy, más de 1.200 niños, niñas y adolescentes venezolanos que han visto vulnerados sus derechos y que están bajo protección del ICBF no han encontrado la forma de vivir en familia. Por esta razón y en el marco de la política de brazos abiertos con los hermanos venezolanos, el gobierno del Presidente Iván Duque radicó esta semana un proyecto de ley para otorgar la nacionalidad colombiana a estos menores de edad bajo el cumplimiento de varios requisitos.

El primero es que hayan superado los 18 meses bajo protección del Estado como lo define el Código de Infancia y Adolescencia. Segundo, que se haga un último esfuerzo para divulgar que los menores de edad se encuentran en Colombia y buscan a sus familias (en un sentido amplio) en Venezuela o en cualquier país, lo que se hará por medio de una página web del Instituto con apoyo en la divulgación por parte de diversas organizaciones internacionales. Tercero, que la solicitud la presente un defensor o comisario de familia, quienes tienen la representación legal. Finalmente, esta medida solo aplicará para los menores de edad que tengan máximo 17 años y seis meses.

Tal vez uno de los elementos más importantes de este proyecto de ley es que los niños migrantes que adquieran la nacionalidad colombiana entrarán a un nuevo servicio del ICBF, los hogares de acogimiento migrante, que serán similares a la figura de tutor legal que tienen países como Estados Unidos, España, Francia y Grecia, entre muchos otros y que ha sido utilizada para, precisamente, salvaguardar los derechos de la niñez en contextos de movilidad humana y garantizar su cuidado personal. El objetivo principal es garantizar un entorno protector a los niños migrantes y hacer de su nueva realidad una oportunidad para consolidar su proyecto de vida.

Y entonces, ¿por qué no darlos en adopción a familias colombianas si son menores de edad no acompañados, o sus familias biológicas no fueron garantes de sus derechos? Porque siempre debe primar la posibilidad de una reunificación familiar con su familia directa o con redes familiares extensas o de apoyo.

La experiencia traumática de salir de su país, luego de exponerse a innumerables riesgos en la travesía y finalmente de perder su núcleo familiar por distintas razones hacen de estos niños sujetos de especial protección siempre con la esperanza de poder mantener sus vínculos familiares. También porque existe una inseguridad jurídica tanto para los posibles padres adoptivos como para los menores de edad que en un futuro escenario pueden reencontrarse con sus familiares y exigir sus derechos naturales. Y porque el Estado colombiano se enfrentaría a una potencial demanda al no cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y no hacer oponible las decisiones de los jueces nacionales en materia de adopción.

Colombia de nuevo da un paso fundamental en la regularización de los venezolanos basada en derechos. Con la posibilidad de tener doble nacionalidad, incluyendo la colombiana, se abre un mecanismo de protección integral adicional para los niños, niñas y adolescentes de Venezuela, bajo protección del ICBF. Este mecanismo se ve reforzado con un nuevo servicio con enfoque diferencial, basado en la experiencia de países de Europa frente al manejo de la niñez no acompañada, que contará con un sistema de monitoreo y seguimiento, y un proceso de capacitación que recoge buenas prácticas internacionales.

Trabajaremos conjuntamente con el Congreso de la República para que este proyecto de ley con mensaje de urgencia sea una realidad para la niñez migrante venezolana.

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