El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes.
El ‘fantasma’ de Odebrecht parece salpicar también a funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En horas de la noche del pasado lunes, 17 de enero, la Fiscalía de Guatemala anunció que procesará judicialmente al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su presunta vinculación en hechos de corrupción en ese país.
La decisión del ente acusador de Guatemala se da al considerar que Velásquez, quien llegó al Gobierno Nacional con la administración del Pacto Histórico, incurrió en presuntas irregularidades mientras estuvo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Cicig.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, aseguró el fiscal Rafael Curruchiche durante un pronunciamiento oficial.
Reacción de Petro
Tras conocerse la notificación, el presidente Gustavo Petro se pronunció y afirmó que no aceptará la orden de captura. Incluso anunció que llamará a la embajadora de Colombia en Guatemala para “consulta inmediata”.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, afirmó el jefe de Estado.
Horas después, el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que no ha recibido la notificación por parte de la Fiscalía guatemalteca.
“No he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, puntualizó el funcionario del Alto Gobierno.
Pronunciamiento de EE.UU.
Estados Unidos arremetió ayer contra las autoridades guatemaltecas por ordenar la captura de exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigaron la corrupción en el país.
“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.
La investigación
Según el fiscal de Guatemala, Rafael Curruchiche (quien maneja el caso de corrupción de Odebrecht en ese país y anunció la investigación en contra de Velásquez), el ministro estaba al tanto de los movimientos de dinero que se hacían entre jueces, fiscales y empresarios de Odebrecht para favorecer a los investigados.
En diálogo con Blu Radio, el fiscal guatemalteco acusó al ministro de Defensa de realizar una serie de reuniones con los investigados de Odebrecht para convenir acuerdos que, según él, se salían de sus funciones y que habrían facilitado el “robo” de “384 millones de dólares”.
Según el fiscal Curruchiche, “había todo un entramado para cometer algunas irregularidades y para cometer delitos” en los que Iván Velásquez “intervino de forma directa en todas las reuniones y estaba al tanto de todo lo que acontecía”.
