domingo 21 de febrero de 2016 - 10:25 AM

Guía para una política antidroga con mirada de mujer

Si en Colombia las mujeres que están presas por delitos relacionadas con drogas pudieran pagar la pena de una manera diferente, desaparecería el hacinamiento en los penales femeninos, que hoy es del 45 %, y se liberaría en un 18 % la capacidad de cupos en dichas cárceles.

La afirmación la hace el investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Sergio Chaparro, al señalar que el uso de la cárcel como una respuesta frente a las drogas ha terminado afectando desproporcionadamente a las mujeres en toda la región, puesto que en países como Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 % de las presas, lo están por delitos relacionados con drogas.

Por esa razón, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, realizaron el informe ‘Mujer, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas de drogas en América Latina y el Caribe’, en el que se exige un cambio en la mirada a la política antidroga.

¿Por qué? Porque quiénes son más afectadas rara vez son realmente una amenaza para la sociedad. Están allí por tráfico, comercialización, producción de drogas a menor escala, a veces por coacción, y su encarcelamiento en “poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública”. Y sí afecta su situación personal.

“La mayoría están presas por delitos con drogas sin conexidad con otros delitos, solo el 20 % están presas en concurso con delitos como concierto para delinquir, homicidio, hurto u otros delitos graves. La gran mayoría está solamente por portar, comercializar o producir drogas”, explica Chaparro, que agrega que realmente se necesita abordar el problema desde la política social, para que estas mujeres tengan menos condiciones de exclusión que las lleven a cometer este tipo de delito.

La guía inicialmente propone una política de drogas incluyente, de la que participen mujeres en su elaboración, especialmente de quienes han estado presas o lo están, y de sus familiares, mujeres consumidoras, así como en general de quienes han sido excluidos de los debates como personas afrodescendientes, poblaciones indígenas, personas de la diversidad sexual, mujeres extranjeras encarceladas por estos delitos o compañeras sentimentales de presos.

DESCRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO

De acuerdo con un estudio del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), citado en el estudio, “aun en países donde el porte para el consumo no es delito, quienes consumen pueden ser objeto de requisas policiales “desmedidas” y privados de libertad”. A esto se suma la estigmatización de las personas que consumen drogas y en especial si son mujeres, por el hecho de estar supuestamente cambiando los roles tradicionales de género.

Así, las recomendaciones son descriminalizar el uso, el porte y el cultivo de drogas para consumo personal, poner más recursos del Estado para programas de tratamiento a la dependencia de drogas y entender cuándo se trata de uso recreativo y cuándo de un consumo problemático.

PROPORCIONALIDAD EN LAS PENAS

De acuerdo con la guía, quienes cometen delitos relacionados con drogas tiene penas que son demasiado altas, incluyendo a mujeres, debido a que en las legislaciones de América Latina no se hace una diferenciación de los diversos niveles de participación en el tráfico de drogas, siendo además, un delito castigado más rápidamente que otras conductas delictivas. La idea es que el derecho penal sea aquí la última opción y que la pena sea proporcional al daño cometido, el rol que se ocupaba en la cadena ilegal y el verdadero grado de peligrosidad.

Las recomendaciones de la guía son que se diferencie en la ley entre “delitos de drogas de menor, media y alta escala; el nivel de liderazgo en las redes criminales; y delitos violentos y no violentos”.

Igualmente, que se eliminen penas mínimas obligatorias, que los operadores carcelarios incorporen la perspectiva de género en casos en que mujeres sean procedas y asegurar marcos legales que permitan reducir las penas y promover alternativas al encarcelamiento.

“Para ello -dice la guía- han de considerar factores tales como: las condiciones de pobreza y exclusión social, la maternidad y el rol de cuidado de otras personas dependientes, la jefatura de hogar, el analfabetismo, el nivel de educación, la escasa formación laboral, la inmigración, la violencia de género o las enfermedades físicas o mentales que han incidido en la comisión de los hechos delictivos”.

El documento también pide que se fortalezcan los sistemas de defensoría pública especializadas en la defensa de delitos de drogas, y de estándares y estrategias especiales para las mujeres procesadas por estos delitos.

INDULTOS Y AMNISTÍAS

Una de las recomendaciones más llamativas de la guía es la posibilidad de aplicar indultos y amnistías a favor de mujeres embarazadas, lactantes o responsables de niños y niñas y otros dependientes, que hayan sido condenadas por delitos relacionados con drogas.

No obstante, la idea es que esto se acompañe con reformas de fondo  a la política antidrogas porque, si no, no se podrá reducir el número de personas presas.

El investigador Chaparro explicó que estos casos ya se han presentado en  Bolivia y en Ecuador. “Si bien los indultos pueden servir para reducir los cupos carcelarios, lo cierto es que mientras no se modifique la política criminal, es posible que al cabo de un años los indultos no sean eficaces, eso pasó en Ecuador”, explicó.

REDUCCIONES RETROACTIVAS DE PENAS

También recomienda la guía que se aplique, de manera retroactiva, penas menos severas para estos delitos. Esto, dice el documento, “impulsa el respeto de los derechos humanos y la armonización en la aplicación de la norma y, a la vez, tiene impactos benéficos para el sistema penitenciario y penal”.

No obstante, suele pasar que los delitos de drogas son caracterizados como delitos graves en la región, lo que lleva a que los detenidos sean enviados a la cárcel mientras que están siendo juzgados, sin que se beneficien de una alternativa a la cárcel. La recomendación es que “cuando sea posible aplicar leyes menos o más restrictivas, el juez debería decidirse por la más benigna”.

PARA CORREOS HUMANOS Y MUJERES EXTRANJERAS

Para las denominadas “mulas” o “correos humanos” detenidas, principalmente extranjeras, con cargas de estupefacientes entre uno y dos kilos principalmente, la guía recomienda tomar todas las medidas necesarias para que sean repatriadas y puedan purgar en su país la pena.

Incluso, se recomienda adoptar políticas que sustituyan el procedimiento penal como el decomiso y la repatriación inmediata, así como garantizar algunos beneficios, que no sean discriminadas y acceso a una red de apoyo social y económico, con traductor; y analizar cuando se trata de mujer que han sido forzadas a portar la droga.

“Estas mujeres son utilizadas por el crimen organizado que es el que verdaderamente se lucra de las actividades ilícitas. Algunas de estas mujeres son mantenidas dentro de la red del tráfico porque sus familias quedan bajo la vigilancia de la organización y ellas mismas son amenazadas de muerte si llegan a hablar en caso de detención, intentan retractarse o no entregan la mercancía en el destino indicado. Según un estudio de 2011, en Argentina nueve de cada diez extranjeras encarceladas por delitos de drogas a nivel federal lo fueron por ser correos humanos, y 96% fueron primo-delincuentes”, asevera el documento.

NO CÁRCEL

La guía siguiere acomodar la legislación para que no se dé prisión preventiva cuando se trata de delitos relacionados con drogas y menos cuando son embarazadas y tienen personas a su cuidado.

Igualmente, se sugiere que se eliminen obstáculos para que estos presos puedan beneficiarse con alternativas distintas al encarcelamiento, considerar la suspensión del proceso penal con delitos relacionados con el consumo problemático de drogas y adoptar medidas de justicia restaurativa que vayan enmarcadas con un equipo de trabajo multidisciplinario.

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