El cumplimiento de las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia al Gobierno y otras entidades estatales, en el marco de la sentencia 7641 de 2020 para garantizar el derecho a la protesta social, será vigilada por la Procuraduría.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público este martes, tras la designación del delegado para la Defensa de los Derechos Humanos como coordinador de las acciones de seguimiento de las determinaciones que dio esa providencia.
La persona encargada de esa tarea será Carlos Medina Ramírez y su objetivo es acompañar la elaboración del “Estatuto de reacción, uso, verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
La creación de ese documento fue uno de las determinaciones que tomó el tribunal, con el objetivo de garantizar que en Colombia se haya condiciones para las manifestaciones pacíficas.
Según explicó el procurador Fernando Carrillo, la entidad está atenta a la convocatoria del Ejecutivo para trabajar en este asunto. Destacó, además, que Medina está autorizado para emprender las acciones que se necesiten en la articulación interna e interinstitucional para expedir el protocolo y nuevos planes de acción.
Este no es el único paso que ha dado la Procuraduría para vigilar que se cumplan los requerimientos del alto tribunal. En una misiva de tres páginas, el procurador Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Hermán Rincón Cuellar, hizo un llamado de atención al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Esto, argumentando que la Policía Nacional no ha entregado información suficiente para avanzar con las investigaciones a miembros de la institución por los desmanes ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre, cuando se presentaron las primeras manifestaciones rechazando la muerte de Javier Ordóñez tras un procedimiento policial.
“De manera muy respetuosa solicito su intervención para que el Director General de la Policía Nacional responda concretamente a las solicitudes de información y remisión de documentación, realizadas el 11 de septiembre”, dice la carta. El escrito también añade que, como se lo manifestó al general Óscar Atehortúa, esta información es “indispensable” para identificar a los miembros que, presuntamente, se excedieron en el uso de la fuerza.
De esta forma, la institucionalidad colombiana avanza con el fin de crear condiciones que permitan el cumplimiento de las catorce determinaciones que dio la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el pasado 23 de septiembre.
Entre los requerimientos está reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones. Esto, dice la providencia, debe realizarse a través de una mesa de trabajo nacional para la que dio un plazo máximo de 30 días. Así las cosas, el 23 de octubre deberían verse los primeros resultados de ese grupo de trabajo.
El Gobierno Nacional y el Distrito también trabajan en los protocolos de acción de la Fuerza Pública para las manifestaciones, entre las que se omitiría el uso de la escopeta calibre 12, el arma por la que falleció el joven Dilan Cruz por un disparo del Esmad, en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional de 2019. El plazo límite para entregar ese protocolo se cumple este miércoles.
