martes 13 de noviembre de 2018 - 9:44 PM

Hechos ocurridos en el paro agrario de 2014, en Santander, pasarán por la JEP

El próximo jueves, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendrá sus mesas en San Gil, Santander. El propósito, adelantar una audiencia pública de régimen de condicionalidad en razón a los hechos ocurridos en la protesta social llevada a cabo en el municipio de Pinchote, del mismo departamento, por cuenta del paro agrario de 2014.
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De acuerdo con el tribunal, el régimen de condicionalidad corresponde a las obligaciones que debe cumplir toda persona que pretenda someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz o que busque mantener los beneficios que se confieren.

Las personas que asistirán a la audiencia fueron juzgados por la justicia ordinaria y la Fiscalía General le imputó los delitos de violencia contra servidor público y obstrucción a vías públicas. Se trata de siete campesinos que hacían parte de una concentración en el sector del Copey, ubicado en el kilómetro 118 sobre la vía que de San Gil conduce a Puente Nacional.

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Los campesinos fueron procesados por presuntamente agredir a diez policías que hacían presencia en la zona.

En este momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene entre sus obligaciones verificar y controlar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de quienes han acudido a la JEP por encontrarse implicados en conductas cometidas en contextos de protesta social o disturbios internos antes del 1 de diciembre de 2016, por lo que esta audiencia “se desarrollará con el enfoque dialógico que enmarca las acciones implementadas por la JEP para lograr una paz estable y duradera”.

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La JEP explicó que la normativa vigente confirma que la Sala de Definición tiene la potestad de aplicar mecanismos de “cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad” o podrá remitir dicha información a la Sala de Amnistía e indulto para lo de su competencia, cuando se trate de contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos.  

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