HRW pide pruebas de que muertos eran disidentes

En un derecho de petición, Taraciuk pidió al ministro Diego Molano precisar “el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al que pertenecían y su identificación”.

El presidente colombiano, Iván Duque, informó que “se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”, entre ellos una mujer embarazada.

Sin embargo, las denuncias que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de “falsos positivos”, más que de un operativo militar contra las disidencias.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.

Al respecto, el ministro de Defensa recalcó esta semana que el “operativo no fue contra campesinos, sino (contra) disidencias (de las) Farc”, que “no fue contra inocentes indígenas, sino (contra) narcococaleros”. “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, agregó el ministro en Twitter.

En esa línea, la directora en funciones para las Américas de HRW pidió al ministro detallar “cuál fue la cantidad de material incautado y en qué consistió”.

También le preguntó a Molano sobre las evidencias para “informar, como lo hizo” en las redes sociales, “que las personas neutralizadas eran ‘narcocaleros’ y que se trataba de ‘criminales”.

Investigación del caso

La Procuraduría pidió explicaciones al Ejército sobre el operativo militar. Sin embargo, el Ejército ya se reafirmó en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las Farc en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia.

Eso en respuesta a la versión de organizaciones campesinas e indígenas de la zona que aseguran que en el momento de la incursión militar la comunidad celebraba un bazar.