La Querida y La Esterlina, dos fincas de 650 y 250 hectárea ubicadas en zona rural de San José de Uré Córdoba, cerca a Tarazá Antioquia, poco a poco son consumidas por la minería ilegal.
Dragas y retroexcavadoras no solo remueven la tierra destinada para la agricultura en búsqueda de oro, también destruyen el sueño de la reparación de las víctimas, que aún esperan lo que el conflicto armado les arrebató.
Ambos terrenos hacen parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas. EL COLOMBIANO en la visita que hizo al municipio de San José de Uré, hace una semana, recibió una denuncia de uno de los habitantes del pueblo, que con fotografías (fotos 1 y 3) y documentos afirmó que las propiedades rurales, “están siendo explotadas por los grupos armados ilegales que delinquen en la zona”.
Según narró el denunciante, la intención de la Alcaldía era solicitarle a la Unidad para las Víctimas que esos terrenos “fueran cedidos para que las familias víctimas de San José de Uré pudieran ejecutar proyectos productivos en esas tierras”.
Sin embargo, esto no se pudo llevar a cabo porque estos predios, que ya fueron objeto de extinción de dominio, pasaron a la Unidad de Víctimas para ser monetizados y el dinero de su venta serviría para reparar a los afectados por el conflicto. Así las cosas, la posibilidad que planteaba la Alcaldía solamente podría haberse ejecutado si esta entidad hubiera asumido el pago de un canon por su uso.
Por lo tanto, con la solicitud en la mano llegaron los problemas, tal como lo aseguró la misma persona, que pidió reserva de su nombre. “Ya habíamos conseguido recursos para volver eso realidad, pero fue un error. Esa finca la están usando para minería ilegal y hay presencia de los Caparrapos. Por esto hubo amenazas contra varios habitantes de Uré”.
La Querida y La Esterlina
Estas dos extensiones de tierra fueron entregadas para la reparación por el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, principal comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que delinquió en el Bajo Cauca antioqueño y parte del Sur de Córdoba.
Tras su desmovilización en 2006, y posterior extradición a Estados Unidos en 2008, a “Cuco Vanoy”, y el grupo paramilitar que comandó, los tribunales de Justicia y Paz le registraron más de 8.300 víctimas directas e indirectas.
Luego de nueve versiones libres que rindió en Medellín, y otras cuatro en EE. UU., el exjefe paramilitar entregó numerosos predios para la reparación, entre ellos La Querida y La Esterlina. Los días 2 y 3 de julio de 2014, las autoridades realizaron el secuestro de esos terrenos y luego se procedió a dejarlos a disposición del Fondo de Reparación que hace parte de la Unidad Para las Víctimas.
Esta última decisión fue dejada en firme por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que en una condena proferida el 2 de febrero de 2015, constató que el predio La Querida se encontraba para ese entonces “en aceptables condiciones con respecto a los pastos, las construcciones se encuentran en mal estado con vestigios de ruina, además de presencia de minería vieja y minería activa (localización de campamento minero). Se encuentra desocupado”, así lo señala la sentencia de entonces. Pero, en la actualidad, según la denuncia de la Alcaldía, está ocupado por bandas criminales dedicadas a la explotación ilegal de metales.
En cuanto a la finca La Esterlina, según la sentencia, “se encuentra (también para la fecha) en aceptables condiciones, exceptuando la zona que ha sido afectada por la explotación minera. Se dejó constancia que las construcciones se encuentran en regular estado y que el mismo (predio) estaba destinado a explotación minera y pastoreo de ganado”.
¿Y cómo están ahora?
Tras conocer la afectación por la explotación ilícita de yacimientos mineros en los dos predios (ver fotos), se consultó con la Unidad para las Víctimas y el Fondo encargado de administrar los terrenos para saber lo que sucedía con las 900 hectáreas destinadas a reparación económica.
La respuesta fue que el Estado paga mensualmente $22.746.973 por el mantenimiento de las dos fincas. Además, por La Querida, 192.896 pesos de seguros, más 7 millones y medio, por vigilancia.
En la La Esterlina el costo de los seguros es de $54.077, por vigilancia se pagan $15.500.000 , esto porque por la extensión del predio, requiere doble caseta de vigilancia para evitar invasiones.
La dirección de esa entidad reconoce que hay dificultades de diferentes tipos con los 1.126 bienes que tiene el Fondo de Reparación en el país y, por eso, una de las principales tareas que tiene esta nueva administración es ponerles orden a las propiedades para venderlas.
“Esperamos que este año podamos rematarlas porque el principal interés es monetizar para cumplir y pagar a las víctimas, no administrarlos”, advirtió Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, quien asegura que es poca la información que se tiene de varios predios.
“¿Qué estamos haciendo? revisando uno por uno e identificando los problemas y las posibilidades para mejorar, pero ante la dificultad que tienen muchos para ser vendidos, arrendarlos si es posible y que estén bien administrados es otra posibilidad”, añadió.
El Fondo de Reparación aseguró que la última vez que visitó los terrenos de La Querida y La Esterlina fue el pasado 4 de octubre y constató que en la primera finca se cuenta con la casa principal, construcción de área común, casa auxiliar, baños y ducha exterior, piscina, cancha deportiva, corral y cabañas auxiliares, mientras que en la segunda esta la casa principal y otra secundaria, establo y una porqueriza. Para ese momento, no se reportó la presencia de ilegales trabajando en explotación minera.
No serían las únicas
Tanto en el Bajo Cauca antioqueño, como en el Sur de Córdoba, la situación de orden público es delicada.
Los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, los Caparrapos, Eln y disidencias de Farc tienen fuerte presencia y una lucha por el territorio. Las rentas ilícitas que deja la minería ilegal y los cultivos de coca hacen que predios destinados para las víctimas del conflicto queden a merced de los ilegales, difíciles de monetizar, porque con esas condiciones de seguridad no se encuentran compradores.
En esa región, el Fondo de Reparación tiene 25 propiedades entregadas por el exparamilitar “Cuco Vanoy”, entre las que hay rurales y urbanas. Fuentes judiciales consultadas por este diario aseguraron que “la gran mayoría de esas propiedades que entregó ‘Vanoy’ tienen inconvenientes porque los ilegales se están aprovechando”.
Dos de ellas son Las Palmas y San Martín, apartamentos ubicados en Tarazá. Sin un control estricto, ya se han presentado varias anomalías con los apartamentos. La información recolectada por los investigadores cuenta que, tras la desmovilización del Bloque Mineros de las Autodefensas, “Cuco Vanoy” reunió a sus más cercanos colaboradores y uno a uno, con lista en mano, les entregó los apartamentos de San Martín para que se acomodaran con sus familias.
“En esa unidad de 32 apartamentos hay información que al menos siete han sido vendidos en varias oportunidades, por lo que los actuales propietarios de esos inmuebles ya han pedido incidente de levantamiento como compradores de buena fe”, afirmó esa fuente.
En Las Palmas, dos edificios con 26 apartamentos, el exjefe paramilitar tuvo la intención de acomodar a varios de los excombatientes de su bloque. Sin embargo, tras su extradición y el asesinato de uno de sus hijos que había quedado encargado de la propiedad, todo cambió, se armó una guerra.
Hoy hay inquilinos que se aprovecharon del abandono de la edificación para instalarse allí, lo que deja un nuevo problema sobre la mesa: “El terreno en el que está construida esa unidad residencial no estaba legalizado para ese fin, pero la Alcaldía autorizó las dos torres”, explicó el investigador.
Ante este panorama, la Unidad para las Víctimas pide colaboración para denunciar las anomalías. “Invitamos a la comunidad que tenga información sobre estos bienes, que son parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas y que estamos administrando mientras se puedan monetizar, para poder tomar acciones con las autoridades correspondientes y mejorar en la atención y administración”, dijo Ramón Rodríguez, director de la Unidad.
