Imputarán cargos a empresarios por caso Panamá Papers

La investigación de la mano de la DIAN se generó en abril de 2016  en la que se registraron  presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

El ente acusador documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto, supuestamente, vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Durante el cotejo, la Fiscalía estableció que las sociedades extranjeras supuestamente eran fachadas controladas por la firma de abogados panameña, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios que nunca prestaron. Sin embargo, la Fiscalía señaló que “las sociedades colombianas sí pagaron las facturas falsas”.

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“Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”, señaló Jiménez.

Según pudieron establecer las investigaciones, la firma de abogados panameña, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.

Luego de cobrada esta comisión por Mossack Fonseca se enviaban, según la Fiscalía, los recursos a otros países de acuerdo a las instrucciones de sus clientes. Con esto, indicó la entidad, buscaban ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.

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En este caso, la Fiscalía señaló que se tienen que, al menos, 14 sociedades colombianas habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

Las capturas

Se trata de Luz Mary Guerrero, presidente de Servientrega, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Así mismo, se registró la detención de Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

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Igualmente, fue capturado Jorge Humberto Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

El ente acusador reveló que dentro de las detenciones también se registró la del ciudadano Ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

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Por estos mismos hechos se conoció que el ente acusador ha citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.

Las imputaciones

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, estableció que llamaran a audiencia de imputación de cargos a “Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A, al parecer, deberán comparecer por el delito de falsedad ideológica en documento privado.

Por los mismos hechos la Fiscalía citó a  audiencia a Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal, respectivamente, de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón.

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Así mismo, Claudia Patricia Aristizabal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.

María Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexánder Serna Ramírez  se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.

Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S. En el caso de estas personas se les imputará igualmente el delito de Fraude Procesal.