miércoles 11 de septiembre de 2019 - 12:00 AM

Informe especial: Paramilitares, la otra mitad de la verdad

Con el fin que las víctimas conozcan toda la verdad, fue presentado un proyecto de Ley en el Congreso para que los paramilitares puedan acudir a la JEP.

Tras la firma en 2003 de las Autodefensas Unidas de Colombia con el gobierno del Acuerdo de Ralito, fue creada, dos años después, la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia y para que las víctimas conocieran toda la verdad.

De acuerdo con cifras reveladas por el Observatorio de Memoria del Conflicto en el país entre 1982 y 2007, se registraron cuatro mil masacres que dejaron al menos 260.000 muertos.

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Once años después, con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, fue creada la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, institución con la que se busca esclarecer toda la verdad, tras cerca de 60 años de conflicto armado en el país.

Y precisamente con este fin recientemente el senador Roy Barreras radicó en el Congreso un Proyecto que busca que los paramilitares que están sometidos a la Ley de Justicia y Paz, también puedan ir a la JEP, para que de esa manera contribuyan en declarar la verdad de los hechos violentos que han cometido y financiado.

Dentro de los argumentos expone que “no busca convertir a la JEP en un lavadero de sentencias, ni podrán usar a la JEP como una tercera instancia, “el juez natural de los paramilitares seguirá siendo justicia y paz y que se les abre por una sola vez, de manera voluntaria, de acudir a la JEP en calidad de compareciente testigo para que obtengan allí, si dicen una verdad nueva y esclarecedora que le sirva a las víctimas, un certificado de cumplimiento”.

Sobre la propuesta del Senador Barreras, David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, recuerda que pese a que en el proceso con los paramilitares se tenía el componente de justicia transicional y tenía como base la verdad, se puede decir que hay una deuda pendiente con las víctimas porque en definitiva el proceso fue un fracaso, porque nunca se conoció la verdad, y quienes manifestaron la intención de contarla fueron callados con la extradición y se desconoce, por ejemplo, detrás de la estructura criminal de las Autodefensas qué políticos o dirigentes nacionales se encuentran relacionados con los paramilitares.

Agrega que “no veo descabellada la opción de incorporarlos a la JEP que finalmente tiene un propósito y es reconciliar a la sociedad colombiana y lograr, como lo establece la Ley 1922, que haya una sanación por parte de quienes fueron víctimas del conflicto y uno de los componentes para lograr la sanación es descubrir la verdad”.

De igual manera, Murillo considera que habría que reflexionar si la propuesta pretende materializar el componente de verdad a través de la Comisión, ya que puede haber a futuro un problema y es que esa información no puede servir para adelantar procedimientos adversativos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, porque los integrantes de la Comisión están exonerados del deber de denuncia y la información que allí se revele no sirve para usarla en juicio, o si de repente toque finalmente acoger a todos dentro del sistema de la JEP y dar sepultura al tribunal de justicia y paz, toda vez que no está funcionando”.

Completar la verdad

Sobre la iniciativa del senador Barreras, el también senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, el proyecto no tiene un trámite ni tranquilo ni fácil, porque es una iniciativa que está colocada en la dirección de completar la verdad histórica y la verdad judicial sobre hechos cometidos en virtud del conflicto, de tal suerte que de todas maneras revive heridas y genera debates y discusiones que el país no ha resuelto.

Considera Sanguino que el Proyecto se da “en un momento crítico en que se encuentra el proceso de paz y las pretensiones que ha habido de sectores del partido de Gobierno de desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, precisamente para evitar el conocimiento de la verdad”.

Así mismo, precisa el Senador del Partido Verde que “es una iniciativa que tiene la buena intención de que el país, y en este caso la JEP, pueda conocer una buena parte de la verdad que no se ha podido conocer en razón a que la ley de Justicia y Paz que se creó en la negociación con las Autodefensas, sometió el conocimiento de la verdad a la voluntad de quienes comparecieran y por eso, digamos, hay que hacer esa corrección ahora a propósito de la existencia de la JEP”.

El trámite

Sobre el trámite en el Congreso, el docente en Derecho, considera que no habría quórum y además, en este momento, dado que estamos en campañas regionales, no existe voluntad política de hacerlo.

Sin embargo, la propuesta podría generar al interior del Congreso un enfrentamiento de quienes considerarían que eso iría en contra de la estructura de la JEP y de quiénes considerarían que complementaría la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por su parte, Sanguino considera que “si la Jurisdicción Especial de Paz puede ser útil para conocer la verdad que quedó pendiente en las negociaciones y la desmovilización de las Autodefensas, hay que hacer los ajustes institucionales para que eso pueda ocurrir”.

Sobre el proyecto
Roy Barreras, autor de la iniciativa, indica que “es indispensable, para cerrar el conflicto, que se conozca esa otra mitad de la verdad”.
También explicó que esta nueva ley articula los sistemas de justicia transicional en Colombia, teniendo en cuenta que no sólo la JEP, sino Justicia y Paz son figuras de justicia transicional.
Además, “sólo podrán acogerse a esta ley quienes ya fueron postulados y aceptados en Justicia y Paz durante el gobierno Uribe y solo por los delitos cometidos antes de su desmovilización. Cualquier delito cometido después no tendrá ningún beneficio. Los paramilitares que están presos seguirán en la cárcel hasta que obtengan el certificado de cumplimiento de verdad y sus procesos continuarán avanzando en Justicia y Paz”.
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