miércoles 19 de junio de 2019 - 11:24 AM

Investigadores del CTI cambiaron cocaína por medicamento en polvo para no incinerarla

El 25 de octubre del año pasado, en la vía que comunica a las poblaciones de Santafé y San Jerónimo en Antioquia, el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía se incautaron de un cargamento de 315 kilos de cocaína, por un valor de $2 mil millones, que estaba en poder de alias Efrén. La droga era propiedad del Clan del Golfo.

Todo cargamento de droga debe ser destruido, según la ley. Ese procedimiento, desde su incautación hasta su destrucción, se denomina cadena de custodia, que en este caso estuvo en manos de tres investigadores del CTI. La orden era incinerar la cocaína en el relleno sanitario de Manizales, el 5 de diciembre.

Antes de viajar desde Medellín, un laboratorio especializado en esa ciudad confirmó que lo que despacharían sí era la cocaína. El alcaloide, que estaba guardado en bloques conocidos como panelas, llegó a fin de año a la capital caldense.

El 5 del último mes del 2018 estaba todo preparado para que en el relleno sanitario de Emas se quemara la droga. Justo antes de iniciar, hubo sospechas de algunos encargados por la consistencia de la droga.

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El fiscal encargado ordenó guardar seis muestras para analizarlas posteriormente en un laboratorio de Medicina Legal en Pereira.

El proceso continuó y se quemó lo que, hasta ese momento, se creía era cocaína. Los resultados les dieron la razón al fiscal y a los otros funcionarios que sospecharon. Lo que quemaron no fue droga, sino un cargamento en polvo para ganado, que también es utilizado en la producción de algunas drogas sintéticas.

Por eso un juez de control de garantías de Manizales ordenó la captura de los investigadores del CTI, encargados de la cadena de custodia de la mercancía incautada.

Acusados

El martes se realizó la audiencia de formulación de acusación. En su intervención, el ente acusador los señaló de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y porte y tráfico de estupefacientes, con el agravante de haber sido cometidos por miembros activos de la fuerza pública.

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La audiencia preparatoria, que es en la que las partes presentan al juez las pruebas para demostrar culpabilidad o inocencia, previa al juicio oral, quedó para el 31 de julio.

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