lunes 01 de junio de 2020 - 12:00 AM

Investigan cobros injustificados de servicios públicos

En Bucaramanga y municipios del área metropolitana, habitantes denunciaron que las facturas de los servicios de gas y energía se incrementaron hasta en un 80% su valor.
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Una indagación por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia de la COVID-19, abrió la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, y la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG.

El propósito de la investigación es establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas, la Superintendencia, la CRA y la CREG han intervenido efectiva y oportunamente para aplicar correctamente el régimen tarifario por parte de los prestadores de los servicios públicos, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social en el país.

Así mismo, busca determinar si hubo estrategias para garantizar que la facturación correspondiera a los consumos reales y no a los promedios por consumo que existían antes de la pandemia por la COVID-19.

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La indagación de la Procuraduría fue iniciada a raíz de las quejas presentadas por muchos usuarios sobre los presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos.

La Procuraduría trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa-Enel, por la facturación a los usuarios de Bogotá de valores que presuntamente no hacen parte del servicio y costos con incrementos que no estarían justificados.

También remitió quejas contra funcionarios por determinar de Emcali, en el Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago, por presuntos cobros excesivos de los servicios de acueducto y energía, respectivamente.

Alivios del Gobierno

Hay que recordar que apenas inició la cuarentena, el Gobierno Nacional dijo que los colombianos de estratos 1 y 2 que no puedan pagar la próxima factura de los servicios públicos de agua, electricidad y gas tendrán la opción de diferir el pago a 36 meses, sin ninguna penalidad y sin riesgo de ser reportados, dentro de las medidas sociales adoptadas para afrontar la pandemia del coronavirus.

De igual manera, el Gobierno Nacional anunció alivios para los usuarios de servicios públicos correspondientes a los estratos 3 y 4 que no puedan cancelar los recibos de los meses abril y mayo, quienes podrán diferir el pago hasta por 24 meses con 0% de interés de mora en términos reales, es decir, solo aumentará lo relativo a la inflación.

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