lunes 10 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

JEP estudiará acciones de diferentes empresas, en el marco del conflicto

El estudio de 3.960 sentencias emitidas por las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras, llevó a la Fundación Forjando Futuros, a la conclusión de que 46 de ellas, ordenan a 33 empresas a hacer restitución de tierras o a la suspensión de contratos o títulos mineros.

Esto por cuenta del despojo de predios que existió en el marco del conflicto armado que se presentó en al menos nueve departamentos del país.

Para la Fundación está claro que los patrones de despojo se presentaron por cuenta de la adquisición de predios de las personas que fueron víctimas del conflicto, además de que las acciones criminales les permitieron obtener la concesión de títulos mineros o hipotecas, por lo que los magistrados en sus sentencias determinaron que ninguna de las empresas “acreditó la buena fe exenta de culpa”.

Lo que llama la atención de las sentencias estudiadas por la Fundación es que todas tienen la misma similitud: el desplazamiento forzado, que fue provocado por masacres, enfrentamientos entre bandas criminales u homicidios.

“En el caso de los reclamantes Alférez Fernández, lo que se dio fue un típico despojo directo sobre el predio ‘La Virginia’, en la vereda San Isidro de Chichimene, municipio de Acacías, departamento del Meta, pues el Frente Centauros de los paramilitares, secuestra al propietario al que después asesina y desaparece, y le hace firmar papeles que después convierte en poder para que se suscriba el 14 de noviembre de 1997, la escritura pública en la Notaría 12 de Bogotá, transfiriendo la propiedad a José Gregorio Carvajal Ramírez y Édgar Álvarez Rico”, dice el documento.

PREDIOS EN MANOS DE POLÍTICOS Y EMPRESAS

En el informe entregado a la JEP, la Fundación Forjando Futuros dejó en evidencia que uno de los predios abandonados fue adquirido por el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, hoy procesado por el entramado de corrupción con la firma brasileña Odebrecht.

“Otto Nicolás Bula Bula, adquiere el predio abandonado en el 2008 mediante contrato privado, no registrado”, dice el documento, que también explica que entre un particular, Cementos Argos y Fiducor completaban más de 150 predios en su poder, teniendo en cuenta que la cementera acumulaba seis propiedades.

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